El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una nueva investigación, a través de la Dirección General de Consumo, sobre los conocidos como pisos turísticos. Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas y que, según el departamento, podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La Ley de Competencia Desleal define en su Artículo 5 como prácticas engañosas "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”.
Esta misma ley recoge en su Artículo 27 algunos supuestos de qué tipo de prácticas se considerarían engañosas, como por ejemplo «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario».
Con esta nueva investigación, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos, tras la investigación que abrió en junio sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística, siendo esta una práctica que también supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En este caso, la nueva investigación abierta por Consumo se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la ley anteriormente mencionada por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.
Además de estas investigaciones, desde Consumo se empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, prácticas como obligar a las personas usuarias a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, o a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
