El ministro Bustinduy inicia una tercera investigación relacionada con la vivienda, tras el proceso contra las inmobiliarias que cobran comisiones abusivas y los pisos turísticos sin licencia
Consumo investiga a varias inmobiliarias que se enfrentan a multas de un millón de euros por cobrar comisiones ilegales
El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación a los grandes gestores de pisos turísticos, por “posibles prácticas engañosas” en el desarrollo de su actividad. Se trata del tercer proceso en materia de vivienda que inicia el departamento de Pablo Bustinduy, en este caso en el marco de la ley de competencia desleal y la ley general para la defensa de consumidores y usuarios. En este caso, las indagaciones se centran en aquellos pisos que, “incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular”, indican.
La investigación no se centra en un punto geográfico concreto, sino que abarca a “empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades aut´nomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas” con estos inmuebles. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha dicho Bustinduy, que ha puesto el foco tanto en inmobiliarias como en plataformas y compañías de intermediación, en el marco de sus competencias y a través de la Dirección General de Consumo.
La ley de competencia desleal detalla varias “prácticas engañosas”. Entre ellas, ofrecer a los consumidores derechos que otorga la legislación “como si fueran una característica distintiva de la oferta”, falsear las reseñas para simular que han sido añadidas por otros usuarios o indicar de forma fraudulenta que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad. Aunque Consumo no lo menciona, en este supuesto entrarían aquellos grandes gestores de viviendas turísticas que se anuncian en plataformas como particulares, porque la propia norma indica que se considera “desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinarios”.
Según la plataforma de datos Inside Airbnb, en Madrid hay varios nombres particulares que alquilan decenas o cientos de pisos. Fran y Marta Isabel tienen 322; María Mercedes, 176 habitaciones; Francisco Andrés oferta 130 inmuebles; y Raúl y Rodrigo, 124 cada uno. En Barcelona, Álvaro ha publicado en Airbnb 37 apartamentos y 82 habitaciones; Ezequiel 78 pisos y Alba 74. El portal señala que “es más probable que los anfitriones con varios anuncios tengan un negocio, es poco probable que vivan en la propiedad y violan la mayoría de leyes de alquiler a corto plazo diseñadas para proteger la vivienda residencial”.
Una investigación publicada en abril por El Confidencial desvelaba que Fran y Marta Isabel —o Fran e Isabel, o Isabel y Fran, según el perfil, siempre con la misma foto— facturan hasta un millón de euros. En la imagen se muestra una familia feliz, bebé incluido. En 2018, SomosMalasaña ya descubrió que las empresas que controlaban Airbnb en Madrid utilizaban nombres propios, como Claudia, Alberto, Leticia y Fer, en sus anuncios. Estas prácticas no son inocuas, ya que permiten a estos grandes gestores dar una apariencia más amigable a los usuarios y evitar las obligaciones a las que están sometidas quienes actúan dentro del marco de la ley de competencia desleal, como ofrecer servicios de atención al cliente.
Precisamente, en los últimos años, organizaciones vecinales y en defensa del derecho a la vivienda han señalado estas prácticas. “Raquel NO es la vecina que alquila su habitación para llegar a fin de mes, Raquel tiene 150 pisitos en AirBnb. Raquel es una de las figuras de la especulación y el encarecimiento del barrio, de los que nos echan”, indicaban desde la plataforma 'Lavapiés, ¿dónde vas?'.
Esta es la tercera investigación relacionada con la vivienda que pone en marcha Consumo. En octubre, el departamento que dirige Pablo Bustinduy anunció la apertura de un proceso contra varias inmobiliarias tras detectar prácticas ilegales, como el cobro de comisiones por la gestión, contratos temporales sin justificar y otras cláusulas abusivas. En junio, hizo lo propio con las plataformas de alquiler turístico que publican viviendas sin licencia. El Ministerio se puso entonces en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los consistorios que se sumen a la investigación. Ambos procesos siguen su curso con normalidad, indican fuentes ministeriales.
La proliferación de pisos turísticos ha tensionado hasta el extremo el alquiler residencial, principalmente en las grandes ciudades y zonas metropolitanas y aquellos destinos vacacionales o atractivos para los visitantes internacionales. Y en miles de casos, esto alojamientos ni siquiera cuentan con licencia. En Alicante, por ejemplo, de las 4.108 viviendas de uso turístico, 3.192 están en situación irregular, porque no cuentan con los permisos del Ayuntamiento. En Madrid, pese al plan de multas del alcalde José Luis Martínez Almeida, estos pisos ilegales se multiplican: hay 2.559 más que hace seis meses. Solo se pudieron cerrar 197, según datos de la oposición. En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni se comprometió en verano a no renovar en 2028 ninguna de las más de 10.000 licencias que hay en la ciudad.
