Los poderes Ejecutivo y Legislativo desairaron a la presidenta de la Corte, Norma Piña, y enviaron a representantes en lugar de titulares a su último informe de labores.
En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum asistió César Yánez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
A pesar de ser un acto republicano, también resaltó que no estuvieron presentes los presidentes de las cámaras de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de Senadores, Gerardo Fernández Noroña.
Esto marca un duro contraste con el año pasado, cuando, a pesar del enfrentamiento con el gobierno, estuvo presente la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra.
Durante sus palabras, la ministra aseveró que la judicatura fue atacada, amenazada y desprestigiada por actuar como tribunales independientes ante casos prioritarios para la Presidencia y el partido en el poder.
Con firmeza y seguridad, Piña Hernández presentó el último informe anual de labores del alto tribunal actual, ya que todo cambiará en agosto, cuando la mayoría del pleno actual deje el cargo.
A pesar de que es costumbre en el evento que se presenten las cifras más relevantes sobre los casos resueltos, en esta despedida la ministra le restó importancia y resonó el reclamó a los ataques que han sufrido en los últimos dos años, fecha en que llegó a la presidencia de la SCJN.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’”, reclamó.
Asimismo, destacó que “abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante”.
La ministra presidenta no dudó al señalar que los problemas para la judicatura empezaron por sus sentencias independientes.
Para reforzar su señalamiento, aseveró que los ataques en su contra empezaron cuando el pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto por el que se buscaba pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A este caso se sumaron el rechazo al decretazo con el que el expresidente López Obrador buscó clasificar como de seguridad nacional todos sus proyectos prioritarios.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces”, resaltó Piña.
Fue en este punto que también destacó que la judicatura sea señalada por las personas en prisión sin sentencia, cuando es el gobierno actual el que impulsa medidas para ello.
“¿No es esto precisamente lo que ocasiona, en gran medida, la prisión preventiva oficiosa que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose?”, cuestionó.
