La empresa orientada a la prospección y extracción de tierras raras desmiente "cualquier ilegalidad" y acusan a la plataforma ciudadana de "tergiversar" la realidad y de "hostigamiento". La Guardia Civil confirma que carecían de licencia para los trabajos
Hemeroteca - La minera Quantum pierde otra batalla judicial contra la plataforma ciudadana que consiguió tumbar la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel
La Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' que lucha contra la explotación de tierras raras –aquellas que sirven para fabricar elementos para los coches eléctricos o las turbinas de los molinos eólicos– ha denunciado que la empresa Quantum Minería, que promueve un proyecto para extraerlas en la provincia de Ciudad Real, realizaba movimientos de tierra sin autorización en la localidad de Torrenueva.
Los hechos sucedieron hacia el mediodía del lunes 9 de diciembre cuando numerosos vecinos, embarcados en la campaña de recolección de la aceituna, detectaron la operación de una retroexcavadora y tres camiones de gran tonelaje realizando significativos movimientos de tierra.
Se dirigieron a la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y a la Policía local para comunicar la situación que paralizaron las operaciones de la mercantil al constatar que la extractiva carecía de los correspondientes permisos.
Las operaciones quedaron clausuradas hacia las 14:20 horas en el paraje denominado 'Las Juntas' en una zona de derechos mineros caducados y en las inmediaciones de una rambla, según explica el colectivo.
Quantum Minería ha negado “cualquier ilegalidad” en esta finca que, según explica, es de su propiedad. En un comunicado, la compañía propiedad del empresario Javier Merino lamenta que “una vez más”, la Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' “tergiverse la realidad”. En su opinión, el colectivo ciudadanos sigue una “estrategia de hostigamiento contra Quantum Minería”.
Fuentes de la Guardia Civil consultadas por elDiarioclm.es explican que los operarios “empezaron a realizar movimiento de tierra”, según la declaración del encargado “para nivelar terrenos destinados a la plantación de olivos”. Según la Benemérita, “carecían de licencia, por lo que abandonaron voluntariamente el lugar”.
Las explicaciones de la empresa no le sirven a la Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' que sostiene que esta compañía, “en su afán de obtener beneficios sin importar las consecuencias, ha estado realizando excavaciones sin contar con los pertinentes permisos para operar en la zona” y que esta actividad “ilegal” ha generado “una profunda preocupación vecinal, que una vez más han denunciado su falta de transparencia y su irresponsabilidad”.
“No podemos permitir que empresas irresponsables pongan en peligro nuestro futuro”, ha afirmado al respecto Mª Carmen Morallón, abogada de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, recordando que la actual legislación minera española establece claramente que toda actividad extractiva debe contar con la autorización correspondiente para evitar daños ambientales y a la salud de la población. “Agradecemos la pronta respuesta de las autoridades y reiteramos nuestro compromiso de defender los intereses de la comunidad y velar por el cumplimiento de la normativa”.
Por eso la asociación asegura que seguirá vigilante para asegurar que este tipo de hechos tan lamentables no vuelvan a producirse“, ha señalado Raquel López, productora agraria y portavoz de Sí a la Tierra Viva.
Para la plataforma ciudadana “resulta sonrojante la declaración de intenciones que tan a menudo ha efectuado la empresa para con la 'minería responsable' e inspirada ”en las mejores prácticas ambientales y sociales“, le afean.
“Con semejante operativa la responsabilidad de la empresa queda en entredicho”, aseguran y creen que la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha tiene sobrados motivos para cancelar el proyecto de exploración 'Neodimio', que a lo largo de todo este año ha acumulado, dicen, “el rechazo social unánime de vecinas y vecinos de la zona afectada, productores del sector primario y el sector servicios, un sinfín de colectivos y entidades y la inmensa mayoría de la clase política, que consideran que la minería de tierras raras supone un claro perjuicio para la provincia de Ciudad Real y sus habitantes”.
