La empresa Aqua Alimentos S. A., anteriormente conocida como Industrias Martec, propuso un recorte de hasta el 35% en sus deudas frente a los acreedores, estimadas en $60,7 millones, como parte del proceso solicitado ante el Juzgado Concursal por insolvencia financiera.
El documento, denominado Solicitud de Proceso Concursal General, incluye varias alternativas para proveedores y acreedores, con recortes de deuda (haircut) diferenciados. La propuesta fue presentada el 29 de noviembre.
Los deudores recurren al haircut en situaciones de crisis financiera para evitar la quiebra y reestructurar sus deudas, un acuerdo que se negocia dentro de un proceso concursal. En Costa Rica, estas decisiones se evalúan en instancias judiciales bajo la Ley N.° 9557, Ley Concursal de Costa Rica, vigente desde el 1.º de diciembre de 2021. Este marco regula la viabilidad de empresas con insolvencia financiera y el pago ordenado a los acreedores.
La empresa señaló que, desde finales de 2022, enfrenta “una enorme incertidumbre y dificultad” debido a acontecimientos internos y externos, por lo que requiere un plan de readecuación y refinanciamiento de su deuda y la carga financiera para continuar la actividad comercial y pagar a sus acreedores a mediano y largo plazo.
El 4 de octubre pasado, Aqua Alimentos S.A., junto con Aqua Corporación Internacional S. A. y Terrapez S. A., solicitó medidas cautelares urgentes contra 24 empresas acreedoras. Ambas compañías están dedicadas a la producción y exportación de tilapia y operan bajo el régimen de Zona Franca. Estas medidas buscan evitar embargos o remates de activos y garantizar la continuidad operativa. El Juzgado Concursal acogió la solicitud el 28 de octubre.
Con la presentación de la solicitud concursal, realizada a finales de noviembre, Aqua Alimentos S.A. estima que los gastos del primer año alcanzarán aproximadamente $1 millón, incluyendo honorarios profesionales, costos administrativos y otros desembolsos. Ahora se espera la decisión del juzgado sobre la admisión del proceso.
¿Qué es un proceso concursal como el que solicita Martec?
Según el documento al que tuvo acceso La Nación, la empresa reconoce que los saldos vencidos no pueden cubrirse con el flujo de caja disponible ni con los recursos operativos y administrativos actuales. Las tres compañías involucradas invierten, en promedio, $39,7 millones anuales.
A raíz de la crisis de insolvencia, la empresa cerró su línea de pesca salvaje en abril de 2024 y suspendió la producción de pargo cultivado en agosto del mismo año.
La propuesta dirigida a los acreedores garantizados bancarios y financieros plantea un ajuste de deuda (haircut) del 20% sobre el saldo pendiente, con el 80% restante reestructurado a un plazo de 14 años y un periodo de gracia de tres años en el pago del principal. Además, se establece una tasa de interés escalonada que va desde el 0% durante los primeros tres años hasta el 5% en los años 13 y 14.
En el caso del Banco Nacional de Costa Rica, que tiene como garantía la planta procesadora ubicada en Quepos, considerada por la empresa como “un activo estratégico cuya disposición permite resolver la acreencia de manera directa”, se propone la venta de este activo por un valor equivalente a la totalidad de la deuda pendiente o su dación en pago como alternativa. El documento revela que el adeudo asciende a $4,48 millones.
A los acreedores financieros garantizados Althelia y Camif, conformados por fondos de inversión, Aqua Alimentos S.A. plantea un hair cut del 30%, con el 70% restante reestructurado bajo las mismas condiciones que los acreedores garantizados bancarios y financieros. Aquí la empresa señala que los compromisos con este grupo representan un riesgo financiero elevado en el corto y mediano plazo debido a sus características y condiciones de financiamiento.
Por otro lado, el documento identifica a los acreedores no garantizados, entre ellos Banco Promérica, la emisión de bonos en el mercado bursátil, Fidesol Trust, Blue Venture Holding, Cageo de Costa Rica, Cafsa, Miguel Carmona, Masterzon, CSI Leasing, Centriz Costa Rica, Total Leasing Finc, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
A estos acreedores se propone un haircut del 35% sobre el saldo pendiente, con la excepción de los acreedores gubernamentales (CCSS y Hacienda). El 65% restante se plantea reestructurar bajo las mismas condiciones de plazo, gracia e intereses que los grupos anteriores.
El abogado Sergio Artavia, del equipo de abogados que representa a la empresa en el proceso, explicó que, en el caso de la CCSS y Hacienda, se honrará el 100% de la deuda, incluidos los nuevos saldos que se presenten.
En noviembre de 2022, la corporación recibió autorización como emisor de oferta pública por parte de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), para colocar hasta $10 millones en un programa de bonos, con el objetivo de acelerar el crecimiento de su negocio de maricultura, especialmente en el cultivo de pargo rojo, y reforzar la expansión de su actividad en Panamá.
El saldo de colocación en el mercado es de $5 millones, adquiridos en su totalidad por la La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS). A inicios de noviembre, la Sugeval suspendió por tiempo indefinido la negociación de esta emisión.
En el caso de los proveedores, la propuesta efectúa una diferenciación en dos grupos, los definidos como “esenciales claves” y “esenciales medianos y pequeños”.
Los proveedores claves se subdividen en dos categorías. En la primera se enlistan empresas como Logistsa Cargo, DHL, Industrias Belina, Trigas, Laboratorios Virbac, Skretting, Conceptos, Colinas Altavista, Solacua de CR, Ecolab, Xelect, Empaques Universal y Thermotran. Para ellos, la empresa propone el reconocimiento de la deuda con una tasa de interés anual del 2% para el segundo año y del 4% a partir del tercero tras la aprobación de la reestructuración. El primer año no tendrá intereses, y el pago del principal está previsto en un plazo de cuatro años.
Juzgado concursal acoge solicitud de Martec para protegerse de insolvencia
En el segundo subgrupo se encuentran las empresas Biomar Aquaculture Corporation y Biomar Aquacorporation Products. A ellas se les propone el pago de $5,4 millones con acciones que mantienen los socios del grupo sobre el 50% de Biomar. El saldo restante será tratado bajo las mismas condiciones del grupo anterior. En conjunto, la deuda con ambas empresas asciende a $7,2 millones.
Según el sitio web de BioMar, la compañía es uno de los mayores fabricantes mundiales de alimentos sostenibles y de alto rendimiento para la industria acuícola global. Tiene operaciones en 17 plantas de producción en Noruega, Chile, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Vietnam, Grecia, Turquía, China, Ecuador, Australia y Costa Rica.
En cuanto a los proveedores medianos y menores, Aqua Alimentos S.A. los clasifica de acuerdo con los que tienen saldos de deuda mayores a $50.000 y menores a este monto. En ambos casos, no recibirán intereses sobre sus saldos pendientes, y los pagos se realizarán de acuerdo al orden de prioridades establecido, durante los primeros dos y tres años, respectivamente.
