Deslocalizar producción no podrá justificar "medidas traumáticas" como despidos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o descuelgues de convenio, subraya la formación de Díaz
Sumar reclama que la Ley de Industria obligue a devolver todas las ayudas públicas a las empresas que deslocalicen
Tras una larga negociación, Sumar ha logrado convencer a sus socios del PSOE para que el proyecto de Ley de Industria que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros incluya en el texto fórmulas para evitar las deslocalizaciones de empresas industriales.
Según fuentes de la formación, tras la negociación liderada por la vicrepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “la Ley pone trabas decisivas a este fenómeno a través de dos medidas muy importantes”. La primera, que “quien se va fuera del espacio económico europeo tiene que devolver el 100% de las ayudas públicas que ha recibido”, incluidos los ERE y el conocido como mecanismo RED.
Además, “en ningún caso” una deslocalización puede ser la justificación “para medidas traumáticas como un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio ni individuales ni colectivos”.
Con ello, los fondos de inversión especulativos que trasladan las empresas de España a a África o Asia, después de recibir importantes ayudas públicas, “no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislación”, destacan fuentes de la negociación.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “hay un elemento de política activa para proteger” la actividad industrial “una vez agotadas todas las líneas de diálogo con las empresas”.
Según fuentes de la negociación, había mucha resistencia en el Ministerio de Asuntos Económicos para incluir en el texto la devolución de las ayudas públicas por parte de las empresas que se vayan de la zona Euro. Pese a “la resistencia del socio de Gobierno”, Sumar ha logrado que el proyecto “haga frente a las deslocalizaciones, condicione las ayudas y sitúe la transición ecológica en el centro”. En la negociación también se ha reducido a la mitad, hasta 3 millones de euros, el umbral del total de subvenciones recibidas requerido para que las empresas que desmantelen su actividad de forma abrupta tengan que reintegrarlas.
“La Vicepresidencia segunda ha logrado que se incorpore a la Ley el principio de condicionalidad a la política industrial en nuestro país. De esta forma, la colaboración público privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental”, destacan fuentes de Sumar.
El objetivo es situar “la transición ecológica en el centro de la política industrial para que nuestro país aproveche la ventaja que proporcionan las energías renovables como palanca para la reindustrialización reforzando también la cohesión territorial”.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley, que presentó como anteproyecto en 2022 la entonces ministra Reyes Maroto. Fuentes del departamento que encabeza Hereu han calificado esta norma de “histórica” y fruto del “consenso” con los agentes sociales. El texto será la primera ley sectorial de este siglo. Sustituirá la ley actual, que data de 1992. La futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la que será la primera ley sectorial para esta actividad en 32 años, “pretende asegurar las inversiones realizadas en España”, subraya el ministerio.
El texto que ahora el Ejecutivo remite a las Cortes deberá ser el punto de partida para la creación de una reserva de productos relacionados con sectores como el farmacéutico, de defensa, energía o materias primas.
El proyecto de ley establece la creación de esa Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, denominada RECAPI, para asegurar en tiempos de crisis o pandemias el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. El anteproyecto persigue “que la industria pueda afrontar a día de hoy los retos tecnológicos y alcanzar los objetivos que nos marcamos como gobierno y que nos marca europa” en materia de industrialización, señalan desde el ministerio de Hereu.
El texto, subraya Industria, “ha recibido aportaciones de toda la sociedad: empresas, agentes sociales, administraciones públicas y el resto de sectores implicados”. Cuenta con dictamen favorable del Consejo de Estado desde el pasado 28 de noviembre y ha sido sometido a las observaciones de sindicatos, patronal o el Consejo Económico y Social (CES).
El objetivo es que “suponga un antes y un después para la industria española, que dote a nuestra industria de instrumentos efectivos para afrontar los retos tecnológicos”, y en concreto la Inteligencia Artificial (IA), “e impulsar la reindustrialización, la innovación y la transformación de nuestro tejido productivo”.
Entre las principales novedades del texto está la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial y de los llamados proyectos industriales estratégicos, para facilitar los trámites de aquellas inversiones que sean de interés general para el país.
