La gran mayoría de la población española considera que el acceso a una vivienda digna no está garantizado en nuestro país, ya que tan solo un 15,7% considera que está asegurado para todas las personas, de acuerdo a la encuesta «Actitudes hacia el Estado de bienestar» realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El estudio, elaborado a partir de una muestra de 4.000 entrevistas realizadas entre el 20 y el 28 de noviembre, señala que el 51,5% de los encuestados opina que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, mientras que el 47,8% sí lo piensa. Sobre los motivos de las desigualdades a la hora de acceder a estos servicios, el 13,1% considera que es debido a «los ingresos económicos», el 7,2% señala a «la comunidad autónoma en la que vive», mientras que el 6% cree que la diferencia de oportunidades se explica por «el pueblo o barrio donde reside».
Entre los servicios públicos mejor valorados, los encuestados valoran «muy o bastante satisfactoriamente» el funcionamiento de la enseñanza (63,8%); a la cabeza se encuentran asimismo el transporte público (con un 60,9%) y la sanidad (55,3%). En el extremo opuesto, afirman que los servicios de justicia funcionan «poco o nada satisfactoriamente», al igual que la ayuda a las personas dependientes (63,9%) y los servicios sociales (49,5%).
En lo que respecta a uno de los derechos sociales más destacados, el acceso a una educación pública de calidad, la opinión mayoritaria es que sí esta garantizado para todas las personas (un 65% de los que han participado en el estudio lo sostiene), aunque el 29,2% cree que solo lo está para algunas personas.
Además, el 59,2% considera que solo algunas personas pueden vivir en «un medioambiente adecuado». Y solo el 37,5% cree que se produzca en nuestra sociedad la inclusión social y la plena autonomía de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Sobre los impuestos y cotizaciones que pagan de forma individual, el 58,8% sostiene que el conjunto de la sociedad «se beneficia poco o nada» de los mismos, mientras que el 38,7% sí opina que la sociedad se beneficia «mucho o bastante» de lo que se paga.
En cuanto a la impresión de si ellos perciben de las Administraciones públicas más o menos de lo que contribuyen con sus impuestos, un 62,1% manifiesta que menos de lo que paga; un 25,7% más o menos lo que paga, y finalmente un 8% más de lo que paga.
En la pregunta sobre quién recae el mayor peso de los impuestos en proporción, casi el 70% (concretamente el 69,4%) considera que no paga más el que más tiene, mientras que el 28,3% lo juzga así.
La mayoría de las personas que han intervenido declara que va andando a los principales servicios públicos que necesita. En este sentido, el 88,1% afirma que va andando al colegio de educación primaria; el 87,2% va caminando al centro de salud y el 92,5% puede ir andando a la farmacia.
Precisamente son los servicios de farmacia los que están mejor valorados por los participantes en una escala del 1 al 10, con un 8,24%. Por su parte, internet recibe un 7,74, las tiendas de alimentación un 7,62, las tiendas de ropa o calzado un 7,19 y los colegios de enseñanza básica un 7,07.
Finalmente, el 71,3% de los españoles cree que hay diferencias a la hora de aplicar las leyes depende quién se trate, frente a un 26% que estima que todos los ciudadanos son tratados de igual manera por la Justicia.
