El ministro de Justicia, Gerald Campos, debe renunciar tanto a su actual puesto como a su plaza de subdirector del Organismo de Investigación Judicial.
Es inconcebible que un funcionario del Poder Judicial con permiso para ocupar un cargo en el Ejecutivo participe activamente en actos que atenten contra la división de poderes, como lo hizo junto con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el miércoles.
Al prestarse al juego político, Gerald Campos faltó doblemente a su juramento como ministro y como funcionario del Poder Judicial que prometió defender y respetar la Constitución Política.
El miércoles, durante la conferencia de prensa semanal, mientras el mandatario atacaba a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Campos respaldó públicamente la diatriba.
Incluso llegó a pronunciar un par de “ajá” y “exacto” cuando el presidente Chaves cuestionaba al juez Wilbert Granados Monge. “¿Conoce cómo es un centro penitenciario? ¿Cómo se maneja? ¿Ha estado ahí más de un día o es que ha estado sentado detrás de un escritorio de lujo?”, preguntó Campos en referencia al juez.
El malestar de Chaves y Campos se origina en que Granados determinó que una circular del Ministerio de Justicia carecía de criterio técnico para prohibir la venta de productos en las pulperías de las cárceles.
Este caso, además, ejemplifica la inconveniencia de las llamadas “puertas giratorias”. Cuando cese su alineamiento con las posturas del presidente Chaves, Gerald Campos querrá retomar la carrera judicial en su puesto de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En la carrera judicial, el funcionario goza de una serie de garantías y obligaciones que procuran reforzar justamente la independencia del Poder Judicial. No es ético ni coherente que discrepe abiertamente de los principios judiciales y luego pretenda regresar como si su conducta no tuviera consecuencias.
En diciembre del 2022, la Procuraduría General de la República advirtió que avalar el traslado de un funcionario de un puesto judicial a uno del Gobierno puede desviar a la persona de su legítimo objetivo de brindar un servicio a favor del interés público. Esta es una lección que la Corte Suprema de Justicia no puede ignorar.
El país merece funcionarios respetuosos de la Constitución y defensores de los valores democráticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo cuando conviene a sus intereses personales.
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