El Ministerio Público pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que rechace la denuncia del expresident contra el magistrado
Puigdemont se querella contra el juez Aguirre y pide que sea suspendido: “Ha exteriorizado su ánimo de prevaricar”
Ni prevaricación ni malversación. La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido archivar la querella que el expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interpuso contra el juez Joaquín Aguirre al considerar que la actuación del magistrado con la investigación de la trama rusa del procés fue “totalmente razonable y sostenible”.
Tras varios meses de debate y de análisis de documentación, la Fiscalía ha presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un informe por el que pide al tribunal que rechace la querella que el expresident interpuso tras la polémica investigación del magistrado, que Puigdemont consideraba constitutiva de los delitos de prevaricación y malversación.
Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando el juez Aguirre abrió una nueva pieza para investigar la trama rusa después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara archivar o enviar a juicio el caso. La maniobra sirvió al magistrado para imputar a Puigdemont y no amnistiarlo por unos hechos que llevaba investigando casi cinco años sin haber investigado formalmente al expresdient. Después el instructor envió el caso al Supremo, que todavía no ha decicido si asume la trama rusa.
El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona. El juez Aguirre también reconoció que la orden de la instancia superior “abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa por falta de instrucción suficiente”.
La “solución alternativa” que halló el magistrado fue abrir una pieza separada nueva, a partir de otra distinta a la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar. Esta “interpretación jurídica” del magistrado resulta “totalmente razonable y sostenible”, a juicio de la Fiscalía y no supone una resolución injusta, como mantenía Puigdemont.
La apertura de una nueva pieza sobre la trama rusa, ahonda la fiscal Assumpta Pujol, resulta “procesalmente posible”, ya que no supone un “clonado ilegal” de la misma pieza que la Audiencia de Barcelona había impedido continuar.
Todo ello pese a que el propio juez admitió que repetía pruebas invalidadas por la Audiencia de Barcelona sobre la trama rusa: volvió a encargar en julio las mismas diligencias a la Policía que había efectuado a lo largo de principios de año, cuando declaró la causa secreta y cambió por tercera vez de Policía Judicial en el caso.
El juez dio varias indicaciones a la Policía respecto a la copia del caso que los agentes ya tenían en su poder desde enero así como del clonado de los móviles de los investigados –el exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay; el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell; el empresario y exdirigente de Convergència David Madí; y el editor Oriol Soler.
Expresó el magistrado a los agentes que entre “realizar una nueva copia y un nuevo clonado de los móviles” o “convalidar la copia y volcado anterior” debían apostar por la segunda opción “por razones evidentes de economía procesal”. El juez recordó además que se trataba de llevar a cabo “una copia exactamente igual a la ya realizada, evitándose así nuevos gastos en materiales, desplazamientos de funcionarios especializados y de medios técnicos para la realización de una tarea mecánica de carácter digital”.
La fiscal, citando las palabras del propio juez Aguirre en uno de sus autos, respalda esta actuación del juez al considerar que deriva de la “revisión del material existente de cristalización progresiva acumulado en varias piezas de la causa que permite una ampliación de los hechos a investigar e implicar a más personas”. En suma, para la fiscal “no se puede considerar una conducta prevaricadora del magistrado”.
