El Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en la herramienta del Gobierno para captar inversiones multimillonarias. Hasta el momento, el Gobierno recibió seis solicitudes, que totalizan alrededor de u$s 7.900 millones en desembolsos de capital.
"En los próximos meses ingresarán otros diez proyectos al Régimen, la mayoría de ellos 'en sectores exportadores'", confió una fuente oficial en una presentación ante inversores. Allí creen que las nuevas propuestas para el RIGI podrían representar capitales nuevos por arriba de los u$s 10.000 millones.
Petróleo, minería e infraestructura energética vienen siendo los sectores estrella de esta modalidad, muy promocionada por el Gobierno.
El RIGI es un marco regulatorio que ofrece "previsibilidad, incentivos fiscales y jurídicos durante 30 años para atraer proyectos de inversión que superen u$s 200 millones".
Uno de los últimos anuncios, un proyecto de un barco de licuefacción de la petrolera PAE -que comprometió u$s 2.900 millones para exportar GNL desde Río Negro-, ya incorporó a las petroleras YPF, Pampa y Harbour como accionistas.
Lo curioso es que el proyecto inicial era solo de PAE y Golar, pero se fue ampliando e incorporando nuevos socios, que lo dotan de mayor escala.
El proyecto Vaca Muerta Sur (Vmos), de YPF, también traerá uS$ 2.500 millones a u$s 3.000 millones con la participación de otras seis petroleras. El ducto contará con la participación de Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Shell, Chevron y Pluspetrol. La construcción de la obra civil será realizada por Techint y Sacde, los mismos responsables del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner).
Como en el caso anterior, YPF picó en punta, pero el resto de la industria se subió a la propuesta, adhiriendo a la iniciativa de la principal petrolera local.
YPF Luz aprovechará estos beneficios con el parque solar El Quemado en Las Heras, Mendoza. Este proyecto requiere una inversión de u$s 220 millones. Estará asociada, en un 25%, por General Electric.
Precisamente, por el gasoducto Perito Moreno llegarán -al menos- u$s 500 millones más. Es una ampliación propuesta por Transportadora de Gas del Sur (TGS) para aumentar el transporte de gas hacia la zona del Litoral.
Esto incluye la ampliación del Gasoducto Perito Moreno entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y los trabajos en 4 plantas compresoras. "Permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios a la capacidad de transporte de gas a los 21 millones que ya está transportando, alcanzando así los 35 millones en toda la traza", informó el Poder Ejecutivo, que ya lo declaró de interés público.
Gualcamayo es una iniciativa para la explotación de oro en San Juan. Se estima que serán u$s 1.000 millones. También de minería proviene el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), de Galan Lithium en Catamarca. Está a 90 kilómetros de Antofagasta y aportará u$s 200 millones en dos fases.
La surconeana Posco, avisó que cuenta con u$s 1.000 millones para explotar litio en Salta, con una planta procesadora de fosfato de litio en General Güemes. Será en dos etapas. Y el Proyecto Carbonatos Profundos demandará u$s 485 millones en sus primeros 15 años de vida, duranta la construcción, y otros u$s 400 millones para la etapa de operación. Serían casi u$s 1.000 millones todos en San Juan.
Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán y Entre Ríos son los territorios que adhirieron al RIGI.
También hay proyectos presentados por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El decreto establece que la autoridad de aplicación del RIGI es el ministerio de Economía, con una comisión evaluadora creada por Jefatura de Gabinete, en la que interviene la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería (encabezada por Daniel González), a Secretaría de Coordinación de Producción (ahora a cargo de Pablo Lavigne), la Secretaría de Hacienda (Carlos Guberman) y la Secretaría de Finanzas, donde estaba Pablo Quirno, ahora trasladado a Cancillería.
La ley Bases, que contenía el RIGI, invitó a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen. Las jurisdicciones locales que adhieran no podrán imponer nuevos tributos locales, con respecto a los existentes al 31 de diciembre de 2023. Tampoco -cuando se modifique el 'hecho imponible' pueden aplicar alícuotas, exenciones, desgravaciones y otros tributos existentes a la fecha de sanción del RIGI, que implique una mayor carga fiscal.
