El concierto de Muface, la transferencia de competencias tributarias de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas -con el cupo catalán en el punto de mira- y la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad frente al Proyecto de Ley de Función Pública. Son las tres líneas rojas que los altos funcionarios del Estado han puesto sobre la mesa como elementos de distorsión y de ruptura que el Gobierno ha activado y que ponen en peligro las bases de las instituciones públicas.
Durante un encuentro con la Prensa, la federación que agrupa a más del 80% de los altos funcionarios del Estado, Fedeca, ha rechazado con rotundidad los cambios en los procesos de acceso y promoción a la Función Pública y ha lamentado que no se haya producido "el necesario diálogo" con el Ministerio ante una reforma como la que plantea el proyecto de ley de Función Pública. Su presidenta, Ana Ercoreca, denuncia que el Ministerio de Función Pública y su titular, Óscar López, ha obviado todos sus intentos de diálogo y no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones de reunión. "Nos ha dado la callada por respuesta a las tres peticiones que les hemos cursado a él y a la Secretaría de Estado para reunirnos y tratar estos asuntos. Se nos está obviando sistemáticamente y creo que nuestro colectivo es una parte muy importante de la Administración Pública que hay que tener en cuenta".
La primera de las misivas la enviaron desde Fedeca inmediatamente después de que fuera nombrado ministro de Función Pública, el pasado 3 de octubre, pero no hubo respuesta. Insistieron cuatro semanas después con una nueva carta el 30 de octubre, también sin contestación. Y, finalmente, el día 2 de noviembre lo intentaron de nuevo con la Secretaría de Estado, que "ha seguido el mismo ejemplo y aún estamos esperando. Queremos que se negocie con nosotros, tanto de Muface, como de la ley de Función Pública y de la pérdida de competencias en favor de las comunidades autónomas. No tiene sentido que el Gobierno cuente con sus socios y no hable con los cuerpos del Estado afectados".
Ercoreca también critica que en Función Pública se hayan reunido con CSIF, con UGT y con CC OO, pero no con Fedeca. "Solo pedimos que se sienten a dialogar con las asociaciones de altos funcionarios, que estamos tan involucradas como los sindicatos. Según justifican, nosotros no tenemos representación, cuando representamos al 80% de los altos funcionarios de la Administración" y exige una fecha ya.
Los altos funcionarios tienen claras cuáles son sus líneas rojas. Respecto a Muface, “no existen ningún argumentos financieros, económicos ni jurídicos para acabar con Muface. No estamos dispuestos a que el sistema se extinga por motivos políticos, ideológicos y demagógicos".
Asimismo, han vuelto a cargar contra el Gobierno por no garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en su nuevo proyecto de ley de Función Pública. Denuncian que todos los sistemas de acceso específicos para cada cuerpo se van a sustituir por una única prueba de tipo test, "algo que atentaría" tanto contra la profesionalidad como contra la calidad del servicio, "erosionando los principios básicos de mérito y capacidad".
Al mismo tiempo, Fedeca ha expresado su preocupación ante la posible "quiebra" de las competencias que son exclusivas del Estado para garantizar la igualdad. Por ello, Ana de la Herrán, presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda (IHE) ha advertido de que la cesión de la gestión, inspección y recaudación fiscal a otras comunidades autónomas supondría "la ruptura del sistema de información único, una herramienta fundamental para el día a día de los ciudadanos y las administraciones". También ha incidido en que la ruptura de este sistema único supondría "mayor burocracia para el contribuyente y una lucha contra el fraude menos eficaz".
En el encuentro de Fedeca, De la Herrán ha expuesto que "no hay ningún argumento jurídico, económico y financiero que avale las transferencias de competencias tributarias a algunos gobiernos autonómicos, salvo por sus intereses políticos y la necesidad de sus votos. Solo es un acuerdo ideológico, por las necesidades políticas del Gobierno de España, pero sin contar con los españoles. Que yo sepa estamos en democracia y una minoría no debería cambiar lo que quiere la mayoría", en alusión a las fuerzas independentistas catalanas.
En este sentido, ha rechazado la cesión de las competencias, de gestión y recaudación de todos los impuestos que se recauden en Cataluña, porque "si lo que se quiere es crear un régimen especial de concierto para algunas regiones como Cataluña, como se aprobó en la Constitución del 78 para Navarra y País Vasco, se tendrá que modificar el texto constitucional para dar cobertura legal a eso. Pero no puede haber una cesión de todas las competencias del Estado a una comunidad autónoma sin ese cambio legislativo sin perder los principios de igualdad y solidaridad entre regiones, como marca la Constitución. Por tanto, la gestión económica debe ser exclusivamente competencia del Estado".
