La negociación por el reajuste al sector público está en su recta final. Durante esta tarde, de hecho, las organizaciones que componen la Mesa del Sector Público de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cerrarán el proceso de negociación en reunión con los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo, Jeannette Jara.
Desde el Ejecutivo hicieron llegar una primera oferta este miércoles. En ella proponen, entre otras cosas, establecer bonos de aguinaldos de carácter permanente, lo que ha sido evaluado positivamente por los trabajadores, sin embargo, el debate durante estas últimas horas estará sobre el guarismo del porcentaje para el reajuste.
Si bien desde la Mesa del Sector Público solicitaron un alza de un 7,5% nominal, desde el Gobierno contrapropusieron un 4,1%. Para los gremios, este porcentaje no es suficiente y anticipan que tendrán que sentarse a trabajar sobre dicha cifra como una base.
El trabajo de la Mesa del Sector Público y el Gobierno ha estado marcado por el polémico dictamen sobre “confianza legítima” emitido por la Contralora Dorothy Pérez -incluso derivando en paralizaciones- y que, cabe destacar, sufrió un duro revés en arena judicial luego de que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara la suspensión del dictamen.
La Corte concedió la orden de no innovar presentada mediante un recurso de protección por la Fundación Fuerza Ciudadana para resguardar los derechos de funcionarios públicos.
En consecuencia, “se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”. Esto, mientras en tribunales se resuelve el fondo del recurso.
En esa línea y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, informó que desde el Gobierno, para dar una solución más estructural al conflicto, se está considerando respaldar iniciativas que busquen dar estabilidad a los trabajadores a contrata.
“El Gobierno ha ido comprometiendo enviar un mensaje presidencial para apoyar un proyecto de ley que ya se está discutiendo en el Parlamento, que tiene que ver con la famosa confianza debida, que es lo que le da cierta estabilidad a los trabajadores a contrata, que para que la gente entienda, son contratos como por temporeros del Estado de año a año”, indicó.
En esa línea, añadió que “y ahí también lo relevante es que como la contralora ya no quiere recibir los reclamos de los trabajadores, se está proponiendo el envío un proyecto de ley el próximo año para crear una institucionalidad ‘jurídica’ para que los trabajadores asistan y vayan a esa institucionalidad nueva a presentar todo su reclamo respecto de condiciones laborales y no sería la Contraloría”.
De concretarse un acuerdo entre la Mesa del Sector Público y las carteras de Hacienda y Trabajo, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para su aprobación y posterior publicación, a más tardar, el 31 de diciembre.
