Cuando el Gobierno socialista y su ‘mayoría de progreso’ aprobaron la llamada ley Trans ya se sabía que iba a ser un coladero de fraudes de ley y abusos de derecho. La experiencia previa de otros países no sirvió como alerta suficiente para introducir en la norma mecanismos de verificación de la autenticidad de unas transiciones personales con efectos que trascendían lo meramente privado. La exaltación de la voluntad individual para disociar el género del sexo se ha llevado a cabo sin evaluar que los desarrollos de la persona tienen una proyección en lo público y en lo social, espacios donde los demás ciudadanos también aspiran a ejercer sus derechos y libertades en condiciones de seguridad jurídica e igualdad de oportunidades , con respeto a su intimidad. El último episodio posiblemente fraudulento es el de quien inició unas pruebas de acceso a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid como varón y, tras comunicar su autodeterminación como mujer, pasó del puesto 201 al 101, al mejorar sus registros según los criterios previstos para las pruebas físicas femeninas. Su decisión personal se ha ejecutado con perjuicio de quien, habiendo participado con éxito en esas mismas pruebas conforme a su sexo biológico masculino, se ha visto fuera del acceso a la plaza de bombero. No es el único caso. Se han planteado problemas similares como militares en Melilla, de acusados de violencia machista, de trabajadores del Samur madrileño, de presos para ingresar en una cárcel de mujeres y, por supuesto, de deportistas. La autodeterminación de género puede responder, sin duda, a una percepción personal del hombre o de la mujer absolutamente sincera, constante y verificable de forma objetiva. Pero igualmente legítimo es confiar en que el ordenamiento jurídico evite los engaños y los abusos, porque la ley es la garantía de una convivencia ordenada y pacífica, no el atajo por donde se cuelan unos espabilados que buscan en el género femenino las ventajas y los beneficios que no pueden obtener por su sexo masculino. Hay, por supuesto, daños mucho más graves que los de trampear al funcionario de un registro, como son los que, de forma irreversible, sufren niños o menores que son sometidos a tratamientos hormonales o cirugías genitales sin una evaluación técnica de su decisión por especialistas. Esto no es patologizar la autodeterminación de género, sino protegerla de percepciones erróneas sobre un mismo, sobre todo en la infancia y la adolescencia, y de caraduras que se atribuyen la condición femenina como quien se disfraza en carnaval. La condición de mujer se está viendo especialmente agredida en la ley y en la práctica social en la actualidad de nuestro país. Siglos de lucha feminista para alcanzar una paridad de derechos que corresponde a las mujeres por dignidad e igualdad se van al traste por la megalomanía de ciertos legisladores de actuar como si fueran dioses. La pinza contra la mujer formada por esta ley Trans y la de ley del ‘solo sí es sí’ alcanzan el podio del insulto a las mujeres biológicas, las víctimas verdaderas de una discriminación histórica por ser integralmente mujeres en todas las facetas de su personalidad. Vivimos en la era de nuevos derechos sin obligaciones y de la sublimación de las minorías . Las grandes leyes que recopila la historia de la humanidad han servido para acabar con la esclavitud, erradicar la prisión por deudas, condenar el trabajo de los niños, dar el voto a los mujeres, proteger la libertad sexual y combatir el racismo, la xenofobia y todas las manifestaciones posibles de odio. Entre ellas no estarán estos deshechos legislativos con los que la izquierda española ha borrado la lucha de las mujeres por la igualdad.
