El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, y cuatro funcionarios de su gobierno serán sometidos a juicio por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, en el marco del Caso Bancrédito.
Así lo anunció esta tarde la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). La decisión la tomó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Aún no se conoce la fecha para la realización del debate.
Junto al exmandatario, figuran como imputados Helio Fallas Venegas, exprimer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Acosta, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, actual subtesorero Nacional.
Roger Guevara, abogado del exmandatario Solís Rivera, declaró que, si bien la defensa no comparte la decisión judicial, la respeta. “Lo segundo es que tenemos plena convicción de que, en el expediente, existe la prueba suficiente de que no hubo una decisión contraria a derecho y de que todas la decisiones se tomaron, más bien, ajustadas al marco normativo y en estricta coordinación con las autoridades y lo entes regulatorios”.
Asimismo, mediante un comunicado de prensa, Solís Rivera, Alfaro Salas y Fallas Venegas manifestaron que demostrarán que no cometieron actos contrarios a la ley. Agregaron que se sometieron a la autoridad de los tribunales con absoluto respeto al Estado de Derecho y amparados en la presunción de inocencia.
La Fapta acusó al expresidente y a los cuatro funcionarios en julio del 2023 ante el Juzgado Penal de Hacienda.
Según detalla la acusación, en el 2017 los mencionados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Bancrédito cerró sus puertas de forma oficial el 30 de noviembre del 2018.
“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa enviado el 6 de julio del 2023.
Para la Fapta, esta actuación derivó en una afectación a la Hacienda Pública y al interés público. El delito de influencia en contra de la Hacienda Pública conlleva una pena de dos a ocho años de prisión, según lo establece el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
