Las actuales prestadoras del servicio, que rechazaron un incremento de las primas del 17% concurren al periodo de consultas abierto por Función Pública: Asisa plantea una "prima de equilibrio" y DKV pide un 40% más
Sanidad acusa a las aseguradoras privadas de seleccionar pacientes y cree que sería “razonable” extinguir Muface
Al menos tres aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, han acudido a la llamada del Gobierno, que había abierto un periodo de consultas preliminares para conocer por cuánto estarían dispuestas las compañías del sector a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios. El Ministerio que dirige Óscar López activó este mecanismo antes de licitar un segundo concierto, después de que el primero, que contemplaba un incremento de la prima del 17% en dos años quedara desierto. Las tres compañías que dan servicio actualmente han presentado sus propuestas, aunque solo DKV ha desvelado el aumento de prima que reclama: un 40,6%.
Según ha podido confirmar elDiario.es, Adeslas ha contestado a esa consulta preliminar a través de una carta con varios anexos. “Reiteramos lo que venimos explicando desde hace meses, analizamos las nuevas circunstancias y ofrecemos datos que sustentan nuestra posición”, señalan fuentes de la compañía, que la semana pasada comunicó por email a sus asegurados, cerca de medio millón de funcionarios, que dejaría de atenderles el próximo 31 de enero, cuando finaliza el contrato en curso. Una acción que se leyó como una medida de presión al Ministerio de Función Pública y en la que no se mencionaba el proceso en curso.
Desde Asisa, que actualmente presta asistencia sanitaria a unas 364.000 personas a través de Muface, han confirmado a esta redacción que la compañía ha participado en la consulta, pero evitan dar cifras. “Aunque entendemos que el presupuesto es un elemento central, no es el único. No queremos poner una línea roja”, indican fuentes de la aseguradora, que afirman que la empresa está “siempre a disposición de la administración pública para buscar conjuntamente fórmulas que permitan la sostenibilidad del sistema”.
El concurso que quedó desierto hace un mes implicaba un aumento acumulado de la prima del 17,12% para 2025 (16,5%) y 2026 (0,6%), que implicaba un total de 1.337 millones para el primer año y otros 1.345 para el segundo, unos 300 millones más al año que el concierto en curso. Tras rechazar esta oferta del Ministerio de Función Pública, y sin desvelar el porcentaje que reclaman para acudir a la nueva licitación, desde Asisa señalan que sus estimaciones se basan solamente en los costes de las prestaciones. “No tendríamos beneficios. Es una prima de equilibrio”, indican.
DKV, la aseguradora que presta en este momento asistencia a casi 200.000 funcionarios y sus familias, vuelve con su oferta a la casilla de salida. La compañía ha comunicado al Ministerio de Función Pública una propuesta de aumento de la prima del 40,60%, a un solo año. Es la cifra que desde el sector llevan trasladando desde el verano. “Es un colectivo muy envejecido y se estima un incremento muy significativo de los costes médicos para el próximo año. Además, llevamos muchos años advirtiendo sobre la infrafinanciación del modelo”, indican las fuentes consultadas, que recuerdan que el anterior convenio se firmó a unos meses de la invasión rusa de Ucrania y la crisis inflacionaria.
Las consultas preliminares de mercado vienen recogidas en la ley de contratos públicos y autorizan a los órganos de contratación, en este caso a Muface, a consultar a los operadores económicos sobre sus planes y requisitos para concurrir a un procedimiento. El objetivo de Función Pública era conocer por cuánto estarían dispuestas a ofrecer el servicio, tras el plantón inicial. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, reclamaban fuentes ministeriales. Esta herramienta es habitual en otros procesos, aunque es la primera vez que se activa en Muface. Fuentes del sector indican incluso que habría sido preferible ponerlo en marcha antes de la primera licitación. “Llevamos meses advirtiendo y no solo no hicieron la consulta, sino que desoyeron la recomendación de Muface de incrementar un 25%”, indican.
El Ministerio de Función Pública descarta por el momento el fin de la mutualidad. De hecho, ha garantizado a los funcionarios que optan por los seguros privados en lugar de la sanidad pública que las prestaciones se seguirán prestando en las mismas condiciones, incluso más allá del 31 de enero, cuando termina el contrato en curso. “Existen mecanismos de prórroga”, han repetido en las últimas semanas. Una prórroga que suma presión a las aseguradoras que, de no alcanzar un acuerdo, deberán seguir prestando asistencia hasta que se resuelva la crisis, pero sin el aumento de la prima. “Es como si te sientas a negociar y una de las partes pone la pistola encima de la mesa”, lamentan desde el sector, que indican incluso que llegar a este punto supondría el fin de la mutualidad, aunque finalmente se llegara a un acuerdo: “¿Quién va a ir a una aseguradora sabiendo que está obligada?”.
Pese al conflicto abierto con Muface, las tres aseguradoras han acudido a los concursos para otras mutualidades de la Administración General del Estado. DKV, por ejemplo, ha planteado una subida de las primas de un 30% para Muface Internacional, de la que es adjudicataria y que presta servicio a unos 8.000 diplomáticos del servicio español en todo el mundo. “Es un colectivo más pequeño, donde perdíamos menos dinero y, aunque hay mucha inestabilidad geopolítica, que afecta al incremento de precios, creemos que podríamos afrontarlo”, indican.
Por su parte, tanto Adeslas como Asisa han concurrido a los conciertos para Mugeju e Isfas, las mutualidades de funcionarios de justicia y militares para 2025 y 2026. “Con una subida similar, seguimos en ellas”, indican para justificar que la negativa a Muface radica en las condiciones propias de este colectivo. De hecho, las tres aseguradoras han señalado que sus apreciaciones no se basan solamente en la cuantía económica del concierto. “También hablamos de la incorporación de nuevas coberturas, prestaciones o terapias, que suponen un incremento significativo de los costes y que deberían incluirse con una memoria detallada de impacto económico”, apuntan fuentes del sector.
Tras el cierre del periodo de consultas, la mutualidad deberá elaborar un informe previo, y no vinculante, a la nueva licitación. Todas las partes asumen que, de cerrarse un acuerdo, será ya en 2025. Mientras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha convocado una protesta en Madrid, el próximo 14 de diciembre, frente a la sede de Muface ante la situación “crítica” de la entidad. CCOO y UGT harán lo propio tres días antes, el día 11. En su caso, ponen el foco en el Gobierno, pero también en unas “aseguradoras insaciables que, con el argumento de que el modelo está ”infrafinanciado“, quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado y de ”la selección de riesgos“, es decir, de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender, poniendo en riesgo la salud de las personas mutualistas y beneficiarias”.
