El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señala a la parte socialista del Gobierno por demorar la modificación de las normas de dependencia y de discapacidad, que ya está lista: "Querría haber presentado ya este anteproyecto, pero la tramitación va más despacio de lo que me gustaría"
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya tiene preparada la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que anunció hace unos meses. Irán juntas en un solo anteproyecto. “Me habría gustado poder presentarlo ya, pero la tramitación dentro del Gobierno va más despacio de lo que a mí me gustaría”, se quejó el martes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy (Sumar), en una acusación velada de bloqueo por parte de la fracción socialista del Ejecutivo.
No es la primera vez que ciertas medidas se atascan en el interior de la coalición. Ha pasado en los últimos meses con la remuneración de una parte del permiso parental por cuidado de menores. La ley de familias volvió a pasar por Consejo de Ministros en marzo pero desde entonces está congelada. El presidente del Gobierno dijo hace unas semanas que se tramitaría pronto. En el caso de la dependencia, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insiste en que el “interés es poder presentar la ley lo antes posible” aunque fuentes de Sumar aseguran que se está demorando sin una explicación concreta.
¿Qué cambios impulsa la reforma? Se trata, apuntó el ministro de Derechos Sociales, de que el “mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución se convierta en política pública”. Aterrizado a medidas concretas, esto supone modificar dos leyes que han estado funcionando durante al menos una década. Una se aprobó en 2006; la otra, en 2013. Ambas requieren una actualización, según Derechos Sociales.
Hay 2,13 millones de personas que han solicitado una prestación para la dependencia en España, según los últimos datos. La cifra ha crecido un 12% en cinco años. Para adaptar la ley de autonomía personal y atención a la dependencia a los nuevos modelos de convivencia, el Ministerio pretende ampliar las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar –una de las ayudas que existen para personas dependientes– al “entorno relacional”, avanzó hace unos días la directora general del Imserso, Mayte Sancho, en una jornada organizada por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
La intención, aunque todavía debe concretarse la manera de hacerlo, es que un amigo o amiga pueda percibir la prestación como si fuese un familiar aunque no lo sea. La medida va en consonancia con la voluntad de adaptarse a los nuevos hogares que ya está recogida en la ley de familias, confirman fuentes ministeriales. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes.
Respecto a esta prestación, además, se deroga de manera efectiva en la reforma una medida que se tomó durante la crisis económica –un real decreto de 2012– y que algunas comunidades, como Madrid, mantenían: un periodo suspensivo de dos años para comenzar a percibir la ayuda sin generarse retrasos. Es decir, la administración, una vez dictada la resolución que concede la prestación, podía tardar 24 meses en empezar a pagarla sin que el dinero no abonado en ese periodo se compensara después.
Otro de los residuos todavía operativos de aquel real decreto de crisis fue la incompatibilidad de prestaciones, a la que también se pone fin. “No puede ser que con un enfoque comunitario una persona tenga derecho solo a un servicio. Necesita tener derecho a la combinación de servicios porque el ámbito comunitario exige un centro de día, exige un tiempo de ayuda a domicilio, exige una teleasistencia”, desarrolló la directora general del Imserso. Varias comunidades habían suprimido esta medida, pero no todas.
El servicio de ayuda a domicilio también experimentará pequeños cambios. Ampliará su ámbito de actuación al “entorno comunitario”. Es decir, ese apoyo podrá extenderse a actividades fuera del hogar si la persona lo requiere. Y la teleasistencia pasará a ser un “derecho subjetivo” en la ley, de manera que el servicio estará disponible para todas las personas con situación de dependencia, confirmó Sancho.
Otra novedad es que las personas que trabajen en el ámbito de los cuidados van a estar obligados, si el texto se aprueba tal y como se recoge en el anteproyecto actual, a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, algo que ya se pide actualmente para trabajar con menores de edad, según recogió Europa Press.
El Ministerio inspira la reforma en “el respeto a la libertad de elección, la voluntad, preferencias y situación de las personas en situación de dependencia”, además de la “personalización de los cuidados”. Estas líneas están muy presentes en el plan de desinstitucionalización aprobado en junio por el Gobierno, que pretende dar la vuelta al modelo de cuidados.
Por último, la reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida para reducir la burocracia. A la norma se traslada también el mandato del artículo 49 de la Constitución de proteger de manera reforzada los derechos de las mujeres y de la infancia con discapacidad, además de regular la accesibilidad universal como un derecho.
