La creación de una empresa pública de vivienda, anunciada este fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un inconveniente: debe contar con el visto bueno de las autonomías y los municipios para comenzar cualquier construcción. Todas las regiones han asumido dichas competencias, como permite el artículo 148 de la Constitución. La responsabilidad, por tanto, está transferida. Para utilizar el suelo, la obra pública debe tener el aval de los territorios y no podrán edificar sin la autorización de las administraciones locales.
Una condición que complica los planes del Ejecutivo, dado que la mayoría de las regiones están gobernadas por el Partido Popular. Distintos territorios populares aseguran a ECD que desconocen los planes del Gobierno, si tratará de saltarse la autorización de las comunidades, pero confirman que las competencias no pertenecen al Ejecutivo central.
Las competencias en vivienda están descentralizadas y transferidas a las administraciones autonómicas y municipales. El punto primero del artículo 148 de la Carta Magna, comienza así: “Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias”, para referirse posteriormente a la responsabilidad de las autonomías: “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.
La normativa desarrollada posteriormente inciden en que las comunidades pueden elaborar una normativa propia de vivienda, y también depende de ellas la promoción de inmuebles públicos. Los ayuntamientos, por su parte, también pueden promocionar y deben gestionar la construcción de vivienda de protección oficial.
La legislación obliga al Gobierno a ponerse de acuerdo con las administraciones más pequeñas para poder construir vivienda pública. “Las administraciones locales son las encargadas de gestionar la promoción de vivienda y salvaguardar la gestión del parque público de vivienda”, asegura María Luisa Gómez, profesora de Derecho Público en la Universidad de Málaga, en declaraciones al portal web Maldita.es.
Esto supone un choque de competencias si el Gobierno trata de esquivar el aval de los territorios, pero en caso de buscar un consenso, deberá sentarse con la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La segunda región con los precios de la vivienda más altos de todo el país.
Dos de los líderes populares con peor relación con el Ejecutivo. La mandataria madrileña fue la única que no acudió a las reuniones organizadas en la Moncloa por Sánchez, obviando el consejo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En las filas populares no quieren dar más pistas sobre si aceptarían que el Estado construya más vivienda pública.
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó en mitad del 41 Congreso Federal socialista. Una medida estrella para dar mayor altavoz al evento que ha encumbrado, de nuevo, al jefe del Ejecutivo como secretario general del partido.
Moncloa tiene entre ceja y ceja reducir el precio de la vivienda. Mientras el ala socialista prefiere medidas menos agresivas, los ministros de Sumar reclaman mano dura. Una pugna que ha llevado a la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a acusar de “dejación de funciones” a la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez.
El Gobierno es consciente de que el problema de la vivienda, con un precio que deja fuera del mercado a gran parte de los ciudadanos de menor edad. El 65,9% de los jóvenes españoles no puede emanciparse, según un estudio de la consultora Freemarket Corporate Intelligence.
Poco a poco, el Ejecutivo se ha ido inclinando a favor de medidas más contundentes e intervencionistas. Sumar exigía limitar los precios, una medida contemplada en la ley de vivienda. Los precios “ya están limitados” en las zonas tensionadas, según afirman desde el Ministerio del ramo.
El pasado 17 de octubre, el Consejo de Ministros anunció un nuevo proyecto de ley para regular los contratos de corta duración: alquileres de temporada, alquileres turísticos, alquileres de habitaciones y embarcaciones, entre otros.
El Ministerio impulsó también un registro único para poner fin a todos los alquileres vacacionales irregulares: "Vamos a poder perseguir todo el fraude y toda la ilegalidad que se está produciendo en torno a los alojamientos turísticos, los de temporada e incluso los contratos de habitación", aseguró Rodríguez.
