“Los Estados deben proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto y no deben introducir nuevas barreras”. Esa frase fue parte de las observaciones preliminares de la la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, quien este miércoles terminó su visita a nuestro país.
La experta de la ONU estuvo en Chile diez días, tiempo en que visitó las ciudades de Santiago, Osorno, Temuco, Quintero-Puchuncaví y Valparaíso; y se reunió con representantes del Gobierno, trabajadores de la salud y organizaciones de la sociedad civil.
El mismo mes en que se cumple el plazo autoimpuesto por el Gobierno para ingresar un proyecto de aborto sin causales, Mofokeng hizo un llamado al Estado a eliminar las restricciones legales que dificultan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Pese a que destacó los esfuerzos para despenalizar el aborto en tres causales, la relatora señaló que es especialmente preocupante “el uso excesivo de la objeción de conciencia, sobre todo por parte de las instituciones, además de la presión ejercida por los compañeros sobre otros obstetras que sí ofrecen abortos, para que se opongan”.
La relatora de la ONU, Tlaleng Mofokeng, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
En esa misma línea, instó al Congreso “a que ratifique las enmiendas a la Ley 21.030 que garanticen la disponibilidad de al menos un proveedor de servicios de aborto en cada centro de salud, para así dar una expresión y una aplicación significativas a la legislación”.
“Me preocupan seriamente los informes según los cuales, en algunos casos, los profesionales de la salud denuncian a las mujeres que solicitan un aborto a las autoridades policiales, aunque la ley no obliga a ello. Es una forma de abuso de poder y sitúa a las mujeres y niñas en un círculo vicioso de conflicto con la ley”, agregó.
La funcionaria de Naciones Unidas además recomendó que “mientras el Gobierno prepara el anteproyecto de Ley del Aborto anunciado por el Presidente en junio de 2024 (…) las autoridades busquen y mejoren la consulta pública y la transparencia en este proceso de redacción”.
En el plano más general, Tlaleng Mofokeng cuestionó la manera en que la Constitución chilena aborda el derecho a la salud, ya que esta solo hace referencia al derecho a elegir el sistema de salud.
“Para que el pueblo de Chile disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, la Constitución chilena debe ajustarse a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el derecho a la salud en toda su amplitud”, comentó.
Por otra parte, la experta recalcó que los desafíos en torno al financiamiento de la salud son un problema a nivel global, del que nuestro país debe hacerse cargo. “Insto a Chile a eliminar los cuellos de botella legislativos y administrativos y a situar el sistema de salud público en una senda sostenible. La necesidad de renegociar los presupuestos anuales es claramente un obstáculo y puede utilizarse para desinversiones perjudiciales para el derecho a la salud”, advirtió.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, durante una de sus visitas a recintos asistenciales.
Mofokeng además se refirió a la creencia popular de que en Chile “la salud no es un derecho, sino un negocio”.
“Los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud y la industria con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos, lo que conduce a una mala gestión de los principios de la ética médica y la economía de la salud. Los Estados también deben proporcionar mecanismos de supervisión independiente, que son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas”, observó.
Otro de los temas abordados por la relatora fueron los problemas de salud mental que aquejan a los trabajadores del área y que a su juicio, deben ser mirados de cerca por parte del Estado.
La funcionaria de Naciones Unidas visitó un Cesfam y cuatro hospitales en distintas regiones. “Escuché a trabajadores de la salud y administradores que informaron de cargas de trabajo abrumadoras, niveles de estrés insostenibles y exposición a la violencia, incluso por parte de pacientes debido a la frustración por los tiempos de espera”, expuso.
“Los largos tiempos de espera han sido un tema recurrente a lo largo de la visita, estimándose en millones las personas en espera de diversos diagnósticos, estudios y tratamientos”, destacó.
La relatora ONU culminó la presentación de sus observaciones preliminares agradeciendo la disposición de los distintos actores que la recibieron durante su visita y adelantó que su informe final será dado a conocer en la 59° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizará en Ginebra, Suiza, en junio de 2025.
