El Ministerio de Seguridad Pública ya es una realidad, pese a los reparos que elevaron gobernadores esta semana en el Palacio de La Moneda. El nuevo diseño institucional en seguridad y su expresión territorial mediante un secretario regional ministerial (Seremi), el que tendrá a su cargo las policías y dependerá de los delegados presidenciales, no convenció en las máximas autoridades regionales, quienes alertaron que este proyecto va en desmedro de la descentralización.
La molestia, relacionada con las decisiones del Ejecutivo en esta materia, inició luego de la negativa de eliminar, precisamente, a los delegados presidenciales, a pesar de que fue un compromiso de campaña del entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, en miras de entregar mayores atribuciones a las gobernaciones que hoy solo tienen un rol administrativo. El hecho de que el seremi sea una suerte de sheriff fue la gota que rebalsó el vaso.
En entrevista con La Tercera, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, afirmó que la propuesta del Gobierno que crea el nuevo ministerio “no otorga ningún rol significativo a los gobiernos regionales, no establece mecanismos de coordinación, ni tampoco de articulación multinivel”. Así, acusó que “hay un menoscabo por parte de lo que hacen los gobiernos regionales”.
“Vamos a pasar de tener una autoridad designada, es decir, un delegado regional presidencial, a tener dos autoridades designadas (…) más una autoridad que somos nosotros, que somos la autoridad electa”, cuestionó.
En un pronunciamiento posterior, la autoridad de la Quinta Región relevó que desde las gobernaciones han realizado aportes “sustantivos” en materia de equipamiento e infraestructura policial. “En conjunto con los gobiernos regionales durante tres años y tres meses que duró nuestra primera gestión, hemos puesto más 700 mil millones de pesos en seguridad“, dijo.
En la reunión que sostuvieron este miércoles con el Ministerio del Interior, el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, comentó que: “Estamos respaldados por una cantidad impresionante de votos, y creemos, es cierto, que por lo menos tiene que haber una coordinación entre lo que es el ministerio y los gobiernos regionales. Ha habido una dejación, no hemos conversado con el Gobierno en relación a este proyecto y nos parece de mínimo respeto que se converse con las autoridades que son elegidas en cada una de las regiones“.
Desde el Gobierno se desmarcan de este planteamiento. Si bien afirman que faltan definiciones en descentralización a nivel país, en consideración a las políticas públicas que pueden cumplirse mejor a nivel regional que desde el gobierno central, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó que “la postura de nuestro Gobierno es que la seguridad pública no está dentro de esas tareas que hay que descentralizar“.
“La seguridad pública en los países de nuestra región donde funciona descentralizadamente no funciona mejor, funciona peor. Presenta mucho más riesgo, más vulnerabilidad a la corrupción, genera inequidades, clientelismo, no es una buena respuesta en esa materia. Sí, en cambio, es una buena opción que los gobiernos regionales aporten a la prevención del delito”, recalcó.
El diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, sostuvo que se debe “entender de que la seguridad se supervisa, se vigila y se controla de manera centralizada desde el centro del país, desde un Ministerio de Seguridad y por eso descarto de plano cualquier posibilidad de que los gobiernos regionales o los alcaldes tengan que tomar decisiones en materia de seguridad“.
“Por muy popular que eso sea, es ineficiente en los lugares donde eso se ha implementado. Más bien, en todos los países federales existen sistemas centralizados de seguridad”, zanjó.
