La fugaz declaración de ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol ha sumido a Corea del Sur en un estado de conmoción y furia colectiva. Mientras su administración exige responsabilidades, la oposición ha intensificado sus esfuerzos para destituirlo, y la mayor confederación sindical del país ha convocado una “huelga general indefinida” hasta que abandone el cargo. Yoon justificó su controvertida medida con el objetivo de "erradicar a las fuerzas afines a Corea del Norte", arrojando acusaciones incendiarias contra la oposición, a la que calificó de "fuerzas hostiles al Estado". Sin embargo, su intento de consolidar el poder se desmoronó rápidamente ante una fuerte reacción democrática. Ahora, un creciente número de parlamentarios y miembros de la sociedad civil exigen la dimisión de un líder humillado cuya autoridad ha quedado gravemente desacreditada. Esta crisis no sólo revive fantasmas de un pasado autoritario, sino que también sirve como un recordatorio de la fragilidad del Estado de Derecho en uno de los países más progresistas de la región.
La bulliciosa ciudad de Seúl se sumió el miércoles en un ambiente de tensión y protestas cuando una multitud de manifestantes salieron a la calle para pedir la impugnación de Yoon. La tensión era palpable. El fallido golpe de Estado perpetrado por el jefe de Estado ha conmocionado profundamente a la nación surcoreana, provocando fuertes y apasionadas reacciones. Las acusaciones de rebelión vertidas contra él han reforzado la determinación de sus opositores, alimentando un movimiento sin precedentes. Las calles se están convirtiendo en el escenario de una lucha por la democracia y la estabilidad política, donde cada voz cuenta y cada gesto tiene repercusión.
La votación sobre el cese inmediato del jefe de Estado está programada para finales de esta semana. Si el Parlamento logra aprobar con una mayoría de dos tercios, el ex fiscal general ultraconservador se verá obligado a enfrentar un juicio ante el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, lo que podría tener profundas repercusiones en su administración. En medio de este clima de tensión, el principal opositor, el Partido Demócrata, anunció su intención de presentar denuncias por traición no solo contra el presidente, sino también contra los ministros de Defensa e Interior. En la resolución emitida por la facción, se sostiene que "la declaración de la ley marcial constituye una clara transgresión de la Constitución, un acto severo que justifica plenamente un juicio político".
La polémica ha reavivado las críticas hacia Yoon, especialmente tras la renuncia de varios de sus colaboradores más cercanos, incluidos su jefe de gabinete, Chung Jin-suk, y su asesor de seguridad nacional, Shin Won-sik. Asimismo, el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, presentó su baja, ofreciendo disculpas a la ciudadanía por la "confusión y preocupación" generadas. En un comunicado emitido por el Estado Mayor Conjunto (JCS), Kim asumió la responsabilidad total. A pesar de que la norma ha sido levantada, el funcionario advirtió sobre la persistente "complejidad de la situación política y de seguridad". Comprometido con su cargo, destacó su determinación de hacer "todos los esfuerzos para garantizar que no haya disrupciones en las operaciones de defensa nacionales".
Yoon consolidó su entorno de poder al rodearse de leales en toda la infraestructura de seguridad, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia. Sin embargo, como advirtió en septiembre el ex jefe de las fuerzas especiales, el general Chun In-bum, "para que un golpe de Estado tenga éxito, se necesita algo más que simples nombramientos; se requiere la complicidad de todo el estamento militar y una opinión pública pasiva".
Este éxodo de altos funcionarios se produce en medio de un creciente descontento, que ha llevado a la poderosa Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU) a iniciar una huelga indefinida y manifestaciones, clamando "en apoyo al pueblo en su lucha por la renuncia inmediata del presidente".
Entretanto, el almirante Kim Myung-soo, jefe del JCS, ha instruido al Ejército a adoptar una postura defensiva frente a posibles amenazas provenientes de Pyongyang, justo después de que la Asamblea Nacional votara a favor de levantar la ley marcial. Durante una reunión de emergencia con los altos mandos militares, Kim subrayó la importancia de "proteger la seguridad del público con máxima prioridad" y de mantener una sólida preparación para evitar que el Kim Jong Un tome decisiones erróneas.
Desde su llegada al poder en 2022, Yoon ha navegado en aguas turbulentas, enfrentando la dura realidad de nunca haber contado con una mayoría en el Parlamento. Su situación se complicó aún más tras la derrota en las elecciones legislativas del pasado 10 de abril, un revés que ha intensificado las tensiones con la oposición democrática. En este contexto de polarización, la Comisión de Presupuestos aprobó un proyecto de presupuesto reducido para 2025, mientras que se han presentado mociones de destitución contra el jefe de la Comisión de Control e Inspección y el fiscal superior de la Fiscalía Central del Distrito de Seúl.
Desde luego, hay maneras menos drásticas de suicidarse políticamente, pero sin duda, el mandatario conservador surcoreano, optó por un enfoque espectacular. Su intento de golpe de Estado fue rápidamente anulado por la Asamblea Nacional pocas horas después. Los parlamentarios, incluidos miembros de su propio partido, rechazaron su decisión, evidenciando el firme rechazo a cualquier retorno a las dictaduras que marcaron la historia del país hasta 1987. La acción de Yoon ha generado un clima de indignación y desconfianza entre los actores políticos, al ser percibida como un intento de eludir la rendición de cuentas y los mecanismos democráticos establecidos.
Las manifestaciones que siguieron a su anuncio, junto con el proyecto de "impeachment" (término inglés que significa 'destitución' o 'impugnación') presentado en la Asamblea Nacional, podrían ser la gota que colme el vaso para un presidente que asumió el cargo en 2022 pero que nunca ha logrado consolidar su apoyo. Este episodio no solo pone de manifiesto la fragilidad de su administración, sino que también refleja la resiliencia de una sociedad que se opone contundentemente a cualquier intento de autoritarismo. En un contexto de creciente descontento, el futuro político de Yoon se presenta cada vez más incierto.
Las tensiones en torno al jefe del Ejecutivo se han visto intensificadas por los numerosos escándalos que han salpicado tanto su figura como la de su esposa, Kim Keon-hee. En junio, la primera dama tuvo que comparecer ante los fiscales para dar explicaciones sobre la donación de un bolso Dior por parte de un pastor y sobre presuntas manipulaciones en el mercado bursátil. A esta situación se suman, desde hace casi dos meses, acusaciones de tráfico de votos que complican aún más su ya frágil posición. Este cúmulo de controversias no solo ha afectado la imagen pública de la pareja presidencial, sino que también ha alimentado el descontento social y la falta de confianza en la administración.
