Perú es ahora el principal exportador de oro ilegal en Sudamérica, con el 44% de la minería ilegal en la región. Este fenómeno es impulsado por la creciente demanda internacional de oro y por la falta de control efectivo en el país, lo que ha tenido graves consecuencias tanto económicas como ambientales. La minería ilegal, que se concentra especialmente en la región amazónica, ha causado la destrucción de grandes áreas de la naturaleza y la pérdida de ingresos fiscales que podrían haberse generado mediante la minería legal.
El oro ilegal extraído en Perú se dirige principalmente a Estados Unidos, India y Emiratos Árabes Unidos, lo que empeora los problemas de gobernanza y sostenibilidad en el país. Según un informe de Ojo Público, la exportación ilegal de oro en 2023 alcanzó los 4.833 millones de dólares, superando incluso las exportaciones legales de otros países de Sudamérica.
Este aumento se debe en gran parte al alza en el precio del oro y a la creciente demanda de mercados internacionales, lo que ha intensificado la presión sobre los recursos naturales de Perú y la capacidad del gobierno para controlar la actividad minera ilegal.
La minería ilegal en Perú tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, especialmente en regiones como Madre de Dios. La deforestación y la contaminación por mercurio son problemas críticos que afectan la biodiversidad y la salud de las comunidades locales. La falta de regulación y control ha permitido que esta actividad continúe sin restricciones, exacerbando la crisis ambiental en la región.
India y Emiratos Árabes Unidos se han convertido en los principales destinos del oro ilegal peruano. Empresas en estos países han sido señaladas por recibir oro de proveedores vinculados a la minería ilegal y el lavado de activos. Este oro, extraído de manera ilegal en la Amazonía, es transportado a Lima y luego exportado con documentación falsificada, lo que dificulta su rastreo y control.
A pesar de los esfuerzos por implementar controles más estrictos sobre insumos químicos, la minería ilegal sigue creciendo. La débil regulación en países vecinos, como Bolivia, ha facilitado el contrabando de productos esenciales para la minería ilegal, complicando los esfuerzos peruanos para controlar la situación. Sin una estrategia intersectorial y transfronteriza, los daños causados por esta actividad continuarán expandiéndose.
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El alza en los precios de los minerales podría desencadenar un nuevo ciclo de inversiones en el sector minero, generando empleo y crecimiento económico. Sin embargo, este fenómeno también podría incentivar un aumento en la actividad minera ilegal. La falta de liderazgo claro y de indicadores concretos para combatir la minería ilegal pone en riesgo los avances en la regulación y control de esta actividad.
