El Tribunal de Apelación de Bruselas ha condenado este lunes al Estado belga por crímenes contra la humanidad por haber separado forzosamente a cinco niñas mestizas de sus madres durante el periodo colonialista, una forma de «secuestro» por el que deberá indemnizar con 50.000 euros a cada una de las cinco víctimas, ahora septuagenarias. «Esta sentencia dice que tenemos un cierto valor en este mundo , somos reconocidas», celebraba una de las víctimas, Lea Tavares Mujinga, en declaraciones a la cadena pública RTBF tras conocer un fallo que reconoce su infancia robada y que sienten que les da voz tras décadas «silenciadas». Junto a ella, las otras víctimas -Simone Ngalula, Monique Bitu Bingi, Noelle Verbeeken y Marie-José Loshi- también celebran lo que consideran una victoria «histórica» por ser la primera condena del Estado belga por la política de segregación sistemática que impuso este país durante el colonialismo en República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi. La sentencia revierte un primer fallo dictado en 2021 en el que la Justicia estimó que, si bien estas prácticas podrían considerarse crímenes contra la humanidad en la actualidad, no era el caso en la época del colonialismo. El Tribunal de Apelación dicta ahora que los hechos corresponden a un «acto inhumano y de persecución constitutivo de crimen contra la humanidad en virtud de los principios del Derecho internacional ». A falta de ver si este caso sienta jurisprudencia para los entre 15.000 y 20.000 casos de niños mestizos separados forzosamente de sus familias por ser hijos de madre negra y padre belga blanco, la Justicia apunta en su sentencia de este lunes que el Estado belga «secuestró» a las cinco demandantes cuando tenían menos de siete años de edad y que lo hizo en el marco de «un plan de búsqueda y secuestro sistemático» de menores criados por sus madres en el entonces Congo belga «únicamente por razón de su origen». La decisión judicial supone también que el Estado deberá indemnizar con 50.000 euros a cada una de las cinco víctimas por el daño moral sufrido por «la pérdida del vínculo materno y del ataque a su identidad y a sus lazos con su lugar de origen». La política de segregación que aplicaba Bélgica a sus colonias suponía el secuestro de menores mestizos para ser llevados después a centros religiosos, aunque en muchos casos las víctimas quedaron luego en manos de milicias congoleñas en donde sufrieron además abusos. En 2019, el entonces primer ministro belga, Charles Michel, pidió perdón a los niños mestizos víctimas de la segregación, pero esta es la primera vez en que el Estado es condenado por ello.
