Una tormenta perfecta podría desencadenarse en los próximos días en Francia. El frágil gobierno en minoría del conservador Michel Barnier agoniza por llegar vivo a Navidad mientras los mercados financieros cada vez muestran más desconfianza ante la inestabilidad política del país que aún promete agudizarse. Y todo ello va a depender de Marine Le Pen. La líder ultraderechista tiene en su mano el botón nuclear que haría saltar por los aires al gobierno. Es algo que ya se conocía desde la llegada al palacio de Matignon de Barnier en septiembre pasado pero la próxima semana habrá «pelota de partido». Ante la falta de apoyos parlamentarios, Barnier se verá obligado a pasar por decreto los presupuestos de 2025. De momento, Le Pen lo que ha hecho es darle un ultimátum hasta hoy lunes a las 15 horas para que incluya las proposiciones del RN en las cuentas y así evitar la moción.
«Seguramente», dijo el primer ministro esta semana, tendrá que recurrir al famoso artículo constitucional 49.3. La izquierda ya anuncia que interpondrá una moción de censura contra el gobierno que podría ser votada a finales de la semana entrante. Y ahí todo depende de Le Pen en una situación que supone una encrucijada política para los tres bloques en la Asamblea Nacional. Accionar el botón nuclear contra Barnier es un poder que tiene la líder ultraderechista pero, al mismo tiempo, esto podría tener un alto coste para el Reagrupamiento Nacional, tras meses intentando una estrategia de parlamentarismo «presentable» frente al ruido del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Precisamente la coalición de izquierdas, ganadora de las últimas legislativas, también depende del voto de Le Pen para sacar adelante su moción, justo la misma dependencia que el Nuevo Frente Popular crítica del gobierno. Es la aritmética endiablada a la que parece condenada esta Francia tripolar y que va a mantenerse pase lo que pase porque la Constitución no permite repetir elecciones legislativas en un periodo mínimo de un año. Así que el reemplazo de Barnier tendrá probablemente los mismos aspectos de dependencia y fragilidad.
A toda esta coyuntura política hay que sumarle la intersección de la judicial en la que Le Pen también es protagonista. El pasado miércoles terminaba en París el juicio por malversación de fondos europeos que ha sentado en el banquillo a Le Pen y otros cargos del RN. La sentencia se conocerá el 31 de marzo de 2025 y podría suponer un terremoto en la vida política de Francia si Le Pen finalmente es inhabilitada cinco años como pide la Fiscalía, fallo que la apartaría de luchar por la presidencia en 2027. La fiscalía pidió la ejecución provisional de la pena, es decir, que se aplique desde el momento de la condena, incluso si Le Pen recurre la sentencia. Aunque la ultraderecha lleva tiempo agitando la sombra de un «juicio político» dando a entender la persecución que sufre la formación por una alianza entre Bruselas y el Elíseo, lo cierto es que fue el propio Parlamento Europeo quien denunció los hechos en 2015 evaluando el perjuicio financiero en 6,8 millones de euros. La investigación ya ha ido relevando la puesta en marcha «concertada y deliberada» de todo un sistema fraudulento para desviar los 21.000 euros al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios. La legislación europea prohíbe que los asistentes trabajen para el partido, pero en el caso denunciado hubo fondos que fueron a parar presuntamente al guardaespaldas de Jean Marie Le Pen, a la asistente personal de Marine Le Pen o incluso al diseñador gráfico del partido.
La petición de la ejecución provisional de la pena es otro elemento sensible de esta coyuntura político judicial. Durante años, parte de la estrategia política del RN consistió en pedir efectivamente esa aplicación inmediata de las condenas a políticos de otras formaciones envueltos en casos similares. Ahora Le Pen bebe de su propia medicina. Y esto podría derivar en una estrategia política apuntando hacia arriba: máxima presión para Macron haciendo caer al gobierno para intentar un adelanto de las presidenciales esquivando la eventual inhabilitación. Algunos analistas señalan, sin embargo, que toda esta secuencia podría salirle cara a la líder ultraderechista con los franceses haciéndole pagar la inestabilidad a la que podría condenar al país con un asunto judicial suyo de por medio.
Antes de que nada de eso ocurra, Michel Barnier apura sus apariciones en televisión para dejar claro que la alternativa a su gobierno es «el caos». Así lo dijo esta semana en el telediario de TF1. El ruido sobre un posible voto a favor de la censura por parte de Le Pen va creciendo con el paso de los días e incluso el Elíseo ha tenido que salir a desmentir que Macron haya dicho que «el gobierno va a caer» como afirmaba Le Parisien el pasado martes citando fuentes del círculo del presidente. Algunas de ellas apuntan incluso a una estrategia que ya estaría definida por el propio Macron en caso de que caiga el gobierno: la de no esperar ni un día y nombrar esa misma tarde a un nuevo primer ministro. El presidente es consciente de que acortar esos tiempos le librarán de una presión sobre su figura y que el reemplazo a Barnier no puede esperar a consultas, tiene que estar listo para la sucesión y para su propia salvación. Esta vez Macron tendría aprendida esa lección.
