Ocho agentes de la Unidad Central Especial número 2 (UCE-2) del Servicio de Información de la Guardia Civil, especializada en la lucha contra el yihadismo, declaran entre hoy y mañana en calidad de testigos ante la Audiencia Nacional por su relación con Víctor de Aldama, el comisionista del entramado de cobros ilegales en los contratos públicos de las mascarillas.
Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes solventes, la estrategia que se da por hecho que desplegarán es la de no contestar a las preguntas sobre su relación con el comisionista, utilizando como excusa la Ley de Secretos Oficiales que les permite no hablar si dicen que su vinculación se debe a alguna operación que afecta a la seguridad nacional y bajo el motivo de que supondría revelar datos o identidades de terceras personas.
Esta salida incluso les habilita el escudo de que precisarían de una autorización expresa del Consejo de Ministros para poder contar al juez el papel de Aldama y sus relaciones con él. Llegó a ser condecorado en 2022 con la medalla a la Orden del Mérito por «su tributo a España», pero ni la Guardia Civil ni el Gobierno han aclarado qué trabajo hizo el ahora considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como «nexo corruptor» del «caso Koldo» para merecer esa distinción.
A esta Unidad pertenecía el comandante Rubén Villalba, imputado en la causa por las labores de protección y seguridad que ofrecía a los miembros de la trama con la colaboración de varios de sus compañeros. Principalmente les facilitaba teléfonos ultraseguros para salvaguardar sus comunicaciones y uno de ellos lo habría utilizado el propio José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, según las conversaciones intervenidas por la UCO a Villalba.
Hoy prestará declaración ante el magistrado Ismael Moreno el identificado en el sumario como «agente 5», al que se le atribuye ingresos de dinero en efectivo en las cuentas de Villalba. La UCO apunta a que fueron seis veces a lo largo de un año, entre 2022 y 2023, en las que ingresó un total de 6.150 euros. Le seguirá el «agente 6» que realizó para Aldama, como revelaron las pesquisas de los agentes, entre cinco y seis entregas a Villalba de 2.000 euros en efectivo, que iban dentro de sobres cerrados, entre 2021 y 2022, y que recogía, en ocasiones, en la propia oficina que el empresario tenía en la madrileña calle de Alfonso XII.
Este movimiento de metálico es la forma en que Aldama pagaba a Villalba por su colaboración, que se centraba fundamentalmente en la facilitación de teléfonos ultraseguros y de información de las bases de datos policiales sobre empresarios, vehículos, denuncias o, incluso, en una ocasión, para tratar de saber si los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos estaban intervenidos policialmente.
Al «agente 6» se le involucra también en haber buscado en registros policiales, por orden de Villalba –a quien a su vez se lo requirió Aldama– la ficha de un inspector de la Agencia Tributaria de Zaragoza que investigaba dos sociedades propiedad del conseguidor para «saber si tiene alguna debilidad». En un momento dado este guardia civil se llegó a negar a seguir haciendo estos encargos y se quejó al mando de la Unidad de esta nueva forma de proceder. En esta jornada está citado también el «agente 4».
Ya mañana, a partir de las 10:00 horas, se sentará ante el juez el «agente 9», que era quien se encargaba de comprar y proporcionar los teléfonos encriptados. De igual forma, se les practicará testificales a sus compañeros «agente 7», «agente 12» y «agente 14».
De confirmarse su negativa a declarar, y no colaborar con las pesquisas judiciales, habrá que ver si entonces el magistrado decide que alguno o todos salgan de allí imputados, con lo que, ante el indicio criminal, tendrían que dar explicaciones en sede judicial.
Se prevé que una acusación popular reclame al instructor durante las declaraciones que eleve una petición al Gobierno para que proceda a levantar el secreto. Fuentes del caso consultadas descartan que el juez Moreno acepte esta petición y que, por otro lado, cambie la situación de los guardias civiles para investigarlos formalmente. Un criterio que no es compartido por parte de la acusación ya que entiende que existe un «elemento subjetivo», que es la participación de los agentes en hechos relacionados con el entramado criminal que se investiga y, por tanto, resulta precisa su imputación para que, luego, en juicio oral, se analice y dilucide si hay delito o lo anula el deber de obediencia que atraviesa su oficio.
Aldama reconoció en su declaración voluntaria del pasado 20 de noviembre que trabajó para esta Unidad como facilitador de información en relación a sus viajes «a México y Venezuela», pero negó que pagase una contraprestación a Villalba por la protección que le daba con recursos policiales. La justificación que ofreció sobre los miles de euros que le entregó, que la UCO estimó en más de 80.000, es que este dinero iba dirigido exclusivamente a abonar la adquisición de estos dispositivos telefónicos encriptados. El empresario alegó que los compraba para que los guardias civiles pudiesen comunicarse con él de forma segura y ante los insuficientes medios que reciben de Interior.
