El pleno del Congreso aprobó esta noche una nueva ley para la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), por seis meses, con la opción de que el Ejecutivo pueda extender este periodo hasta por seis meses adicionales, mediante un decreto supremo.
“El plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 30 de junio de 2025. El referido plazo puede ser prorrogado, por única vez, por seis (06) meses adicionales mediante decreto emitido por el Ministerio de Energía y Minas”, se lee en el texto final aprobado a las nueve de la noche.
La norma fue sancionada con un amplio respaldo en la votación, luego de la aprobación de un dictamen más consensuado en la Comisión de Energía y Minas, que preside el legislador Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial).
La ampliación del Reinfo, entonces, sería hasta por un año, tomando en cuenta que difícilmente el Ejecutivo y el Congreso podrán aprobar en apenas seis meses una ley para la pequeña minería.
De hecho, esta es la tercera ampliación del Reinfo desde el Parlamento. Este poder del estado aprobó una primera extensión el 2019, hasta el 2021. Este año el mismo Parlamento dio una prórroga hasta el 2024 y ahora acaban de hacer lo propio hasta el 2025. En todo este periodo no se pudo aprobar una ley que regule formalmente la actividad de la pequeña minería.
En el debate de la Comisión de Energía y Minas hubo voces desde la izquierda que intentaron un mayor periodo. Segundo Montalvo pedía al menos un año, más la ampliación por seis meses, pero no tuvo respaldo.
Diana Gonzales, de Avanza País, propuso una ampliación por solo tres meses, pero dejaba abierta la posibilidad de que el Ejecutivo pueda establecer nuevas prórrogas, de manera indefinida, mediante decretos.
Su argumento fue que, ante un posible retraso para aprobar la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal dentro del plazo de los doce meses, el tema podría retornar al Congreso en un periodo muy riesgoso, como es la temporada electoral. Su pedido tampoco tuvo apoyo.
El texto aprobado difiere ampliamente con la propuesta que impulsaba la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), para una prórroga hasta por cinco años.
Lo que viene ahora es el inicio del debate para la aprobación de la ley de pequeña minería y minería artesanal. Paúl Gutiérrez, desde ya, anunció que el lunes inician con el análisis del proyecto presentado por Palacio, con el fin de procurar la aprobación de la nueva norma dentro del plazo máximo de los doce meses.
La citada ley de pequeña minería y minería artesanal debe estar a consolidar a la formalización, proceso que se viene postergando desde la emisión del decreto legislativo 1293, del año 206.
Un aspecto que fue materia de discusión en el grupo de Energía y Minas fue si los gobiernos regionales mantenían o no las funciones para los procesos de formalización. El texto aprobado establece ahora que todo queda concentrado en el Ministerio de Energía y Minas.
La nueva norma precisa ahora que son competencias exclusivas del citado ministerio “ejercer la rectoría de la actividad de pequeña minería y minería artesanal, incluyendo la supervisión y coordinación en el ámbito regional, así como implementar las políticas para su formalización”.
Otro aspecto que surgió sobre la marcha fue la propuesta que presentó a último momento el legislador fujimorista Arturo Alegría; algo que no había sido comentado en los debates previos de la comisión y que tampoco fue consultado con el Ministerio de Energía y Minas.
Se trata de una propuesta de trazabilidad. La norma aprobada establece ahora la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, “para supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal”.
Este sistema será implementado por el Ministerio de Energía y Minas en un plazo de seis meses, y debe estar interconectado con otras entidades como la SUNAT o la Policía, y la Unidad de Inteligencia Financiera y el Reniec deben aportar con información.
El Congreso evitó abordar en la ley de ampliación del Reinfo la posibilidad de derogar una cláusula del decreto legislativo 1293, que permite la impunidad para que los mineros ilegales sigan operando en zonas prohibidas, sin que puedan ser incorporados a carpetas de investigación por la comisión de delitos.
La parlamentaria Ruth Luque pidió en el pleno incluir la derogatoria de dicha cláusula, sin tener respaldo. La nueva ampliación del Reinfo, en consecuencia, seguirá beneficiando también a la minería ilegal.
