El Ayuntamiento de Sevilla ha aclarado este jueves que aún está a tiempo de recaudar 10 millones de euros en tasas a las compañías telefónicas. El delegado municipal de Economía y Hacienda, Juan Bueno, aseguró en rueda de prensa que aún no se ha cerrado el plazo de recaudación y que confía en que se logre esa cifra. Como informó ABC, hace un año que el gobierno de José Luis Sanz decidió recuperar una tasa a las compañías de telefonía por la ocupación del espacio público como una de las principales novedades de su primer proyecto de ordenanzas fiscales al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Con la implantación de este nuevo impuesto, la Delegación de Hacienda pretendía igualar la situación de la capital hispalense con la del resto de grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga que ya contaban con este tributo dentro de su política fiscal. Desde el ejecutivo local justificaron esta decisión como una de las mejoras implantadas p ara incrementar el capítulo de ingresos del presupuesto sin necesidad de aumentar la presión sobre la ciudadanía , pero lo cierto es que a estas alturas del año la recaudación que se ha obtenido por este gravamen no ha cubierto las expectativas. La liquidación de los ingresos de las cuentas de gasto de 2024, a fecha de 5 de noviembre, recoge que de los 10,86 millones de euros que estaba previsto que se recaudaran con esta tasa no se ha obtenido a estas alturas del año ni un sólo euro . Sin embargo, según el Ayuntamiento, esta cifra no es la definitiva porque aún no se ha cerrdo el plazo, como aclaraba también la información publicada por ABC, puesto que aún queda más de un mes para cerrar el plazo. Esta tasa obliga a las operadoras de telefonía a realizar una contribución anual a las cuentas del Ayuntamiento como contraprestación por hacer uso de forma privada del suelo, subsuelo o vuelo de titularidad pública p ara las instalaciones y ubicación de cualquier dispositivo encaminado a facilitar las comunicaciones de su actividad empresarial. Hace casi una década que el por entonces gobierno local apostó por sacarlo del listado de ordenanzas fiscales que estaban en vigor en ese momento en la ciudad. El motivo que llevó a tomar esta decisión fueron l os numerosos litigios que las compañías del ramo habían presentado en los tribunales y que venían a poner en duda la legalidad del impuesto en determinados supuestos. De hecho, el resto de las grandes ciudades del país tomaron la misma decisión y apostaron por la derogación del gravamen para evitar males mayores. En aquellos momentos, las telefónicas se amparaban en la jurisprudencia que sentó un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2012. En este fallo se ponía de manifiesto que la redacción de las ordenanzas fiscales vulneraban lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2002/20 del Parlamento Europeo en dos aspectos . Por un lado, en el caso de la imposición de la tasa a las empresas que utilizaban las instalaciones de las operadoras en régimen de alquiler. Por otro, el uso de algunas fórmulas que no garantizaban la cuantificación objetiva y proporcional de la tasa. Muchos ayuntamientos, ante el riesgo de verse obligados a indemnizar a las telefónicas, prefirieron suprimir el impuesto. En 2017, la mayoría de ellos tomaron la decisión de recuperar el tributo, pero el gobierno de Sevilla, que entonces lideraba el socialista Juan Espadas, prefirió mantener su negativa. Según los cálculos del ejecutivo actual del PP, la ciudad dejó de ingresar por esta decisión unos 40 millones de euros en todos estos años. Con ese dinero, por ejemplo, se podrían haber pagado parte de las obras de la rehabilitación de la Fábrica de Artillería o dos ampliaciones del tranvía como la que se ha llevado a cabo entre San Bernardo y el barrio de Nervió n.
