El Consejo de Ministros extraordinario convocado hoy por el Gobierno para aprobar una nuevo paquete de ayudas para paliar los efectos de la DANA dará también previsiblemente luz verde a la toma del control del 9,9% de Telefónica por parte del grupo saudí STC.
La firma saudí controla en la actualidad un 4,9% del capital a la compañía española, pero necesitaba la autorización del Ejecutivo para subir hasta el 9,9%, participación con la que igualará la que también tienen en la firma CriteriaCaixa y el Estado a través de la SEPI.
STC desembolsó en septiembre del año pasado 2.100 millones de euros para hacerse con el 9,9% de la compañía española. La "teleco" árabe ha adquirido un 4,9% de esas acciones directamente en el mercado y otro 5% a través de instrumentos financieros que conferían una exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica. STC Group añadió, además, que obtendría los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.
Al superar este segundo instrumento el umbral del 5% del capital, necesitaba para convertirse en acciones el visto bueno del Gobierno al estar sometido al decreto que regula las inversiones extranjeras, conocido como "decreto anti opas", aprobado por el Consejo de Ministros el mes de julio de 2023 para proteger a empresas estratégicas. Y es así porque Telefónica tiene negocios relacionados con la Defensa Nacional -ofrece el servicio de telecomunicaciones a Defensa-.
El artículo 18 de dicho decreto, que regula el régimen de autorización previa para inversiones exteriores en España en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional, establece que si se rebasa el umbral del 4,9% en el capital adquirido por parte de una compañía extranjera en otra española con actividades en Defensa, es necesaria autorización del Consejo de Ministros.
Con el 9,9%, STC se convertirá en uno de los principales accionistas de la compañía junto a la SEPI (10%) y CriteriaCaixa (9,9%). El Estado se ha convertido en los últimos meses en el principal accionista de la compañía después de que en diciembre de 2023, y para contrarrestar la entrada en su accionariado de STC, el Gobierno ordenase al holding público comprar en el mercado esa participación en el Estado, lo que ha hecho de forma progresiva.
El Ministerio de Hacienda justificó la operación de la SEPI en la necesidad de salvaguardar los intereses de una empresa que considera estratégica para España. Telefónica, aseguró, "es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa".
"Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario", explicó Hacienda.
