Uno de los hitos del acuerdo de concertación social firmado en marzo de 2023 por el presidente andaluz, Juanma Moreno, con la Confederación de Empresarios de Andalucía, CCOO y UGT, fue el desarrollo de una Ley de Participación Institucional que fija las bases de la implicación de los agentes sociales y económicos en la actividad legislativa y en el propio gobierno autonómico. Esta iniciativa legislativa fue consensuada en julio de 2024 y se encuentra en su fase final de tramitación en el Parlamento autonómico. Pero su desarrollo quedaba pendiente de un elemento: la incorporación de una partida presupuestaria prevista en la normativa destinada a «establecer una compensación anual en concepto de indemnización por participación institucional». Sin embargo, en el anteproyecto...
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