Activistas de onegés de El Salvador denunciaron este miércoles la criminalización de la lucha contra la minería, luego de que un tribunal anuló un falló absolutorio y ordenó repetir un juicio contra cinco ambientalistas acusados del asesinato de una mujer en 1989 durante la guerra civil.
"El trasfondo de tener criminalizados a nuestros compañeros es la posible reactivación de la minería metálica", declaró en rueda de prensa Vidalina Morales, presidenta de la ONG Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
El martes un tribunal admitió una apelación de la Fiscalía General contra el fallo absolutorio emitido el 18 de octubre por un juzgado de Sensuntepeque, 80 km al noreste de San Salvador, tras argumentar que carecía "de verdaderos fundamentos legales".
La nueva resolución, según Morales, confirma que la justicia está "atada a intereses superiores", por lo que aseguró que seguirán "luchando por la libertad plena" de sus compañeros.
La presidenta de ADES recordó que en Santa Marta, una comunidad del central departamento de Cabañas, hubo durante la guerra civil (1989-1992) cinco masacres cometidas por el Ejército, y la Fiscalía "no ha hecho lo necesario" por abrir esos casos.
Para la abogada de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, el "objetivo de fondo" del reciente fallo es "sacar a los defensores de derechos, en este caso ambientales, del camino fabricándoles un delito".
Los cinco ambientalistas, activistas contra la minería, y un sexto procesado fueron guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y, según la Fiscalía, mataron en agosto de 1989 a María Alvarenga por considerarla "informante del Ejército".
Atendiendo la orden de la Cámara de Cojutepeque, el nuevo juicio deberá repetirse en una fecha por definir en un tribunal de San Vicente, 60 km al este de San Salvador.
Los ambientalistas, quienes fueron puestos en libertad y que ahora se presentarán una vez por mes a firmar al tribunal de San Vicente, son Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas, Miguel Gámez y Alejandro Laínez.
El fallo es "político", declaró Saúl Rivas.
Los cinco son miembros de una ONG que luchó por la aprobación de una ley que en 2017 prohibió la minería metálica en el país. El caso había sido denunciado ante instancias de derechos humanos de la ONU.
También había sido absuelto el exguerrillero Fidel Recinos, mientras que otros dos imputados, José Sancho y Arturo Serrano, están prófugos y su proceso continúa en ausencia.
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