El Ministerio de Defensa ha respondido a varias preguntas parlamentarias de diputados del Congreso que requerían información y presionaban sobre las actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Democrática.
Esta norma, aprobada en octubre de 2022, es más dura que la Ley de Memoria Histórica de 2007, y su aplicación ya se preveía que iba a afectar a aquellos vestigios que se salvaron de la ley de Zapatero de 2007, especialmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Se da la casualidad de que el mismo día, el 8 de octubre, Sumar y Podemos registraron dos preguntas parlamentarias distintas pero muy similares.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntó “¿Cuándo tiene planteado el gobierno el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en lo referido al Alcázar de Toledo?”.
Belarra citó en su pregunta el artículo 38.3 de la Ley de Memoria Democrática, que dice así:
-- “3. Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado”.
“Esta normativa debería ser de aplicación a la situación del Alcázar de Toledo”, señaló Belarra, al ser el Alcázar “dependiente del Ministerio de Defensa, que alberga la Biblioteca Regional de Castilla la Mancha y el Museo del Ejército, donde permanecen inhumados los restos mortales del militar perjuro José Moscardó, dirigente de la facción fascista sublevada, así como otros mandos como Jaime Milans del Bosch”.
Moscardó fue el líder de los sublevados que resistieron el asedio republicano al Alcázar desde el 18 de julio de 1936 hasta que las tropas de Franco rompieron el cerco en septiembre, mientras que Jaime Milans del Bosch declaró el estado de guerra en Valencia y sacó fuerzas militares a las calles el 23 de febrero de 1981 para impulsar el intento de golpe de estado.
Sumar también se interesó por unas exhumaciones: las de los almirantes sublevados Juan Cervera Valderrama y Francisco Moreno Fernández, que participaron en el bombardeo sobre Málaga y los civiles que huían de la ciudad, episodio conocido como “La desbandá”. Sus restos mortales están enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando (Cádiz).
En ninguno de los dos casos el Gobierno dio explicaciones concretas sobre ambos asuntos, las exhumaciones de militares que están enterrados tanto en el Alcázar de Toledo como en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.
Pero sí llama la atención que en ambas respuestas el Ejecutivo de Pedro Sánchez contesta que, “dando cumplimiento a la normativa en vigor”, el Ministerio de Defensa “ha retirado numerosos símbolos y modificado denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos que vulneraban lo establecido en aquella”.
Eso sí, no da ningún dato de cuántos, ni cuáles, son esos símbolos retirados, ni de dónde se han suprimido, ni cuántas denominaciones de acuartelamientos ha modificado para ajustarse a la Ley de Memoria Democrática.
Es también destacable que Defensa utilice ahora la misma redacción en su respuesta que cuando le preguntaban por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
Carles Mulet fue senador de Compromís y se mostró muy batallador en la persecución de lo que él consideraba vestigios franquistas, tanto en el callejero de pueblos de toda España, hasta en bases, unidades y edificios de las Fuerzas Armadas.
En el año 2021, antes de que se aprobada la nueva ley, preguntó al Gobierno varias veces si iba a impulsar el cambio de nombre de la Iª Bandera ‘Comandante Franco’, del Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión, de Melilla.
Por dos veces, el Gobierno le respondió que “la Bandera de Infantería Protegida I encuadrada en el Tercio Gran Capitán de la Legión, perteneciente a la Comandancia General de Melilla, lleva el nombre del Comandante Franco porque este fue el primer jefe de la unidad, entre los años 1920 y 1922”.
Así justificaba el nombre, hasta que empezó a girar de posición y con la nueva Ley de Memoria Democrática borró ‘Comandante Franco’ y la rebautizó como Iª Bandera ‘España’.
En las dos respuestas, el Gobierno ya en 2021 defendió que “desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura […] el Ministerio de Defensa ha realizado las acciones debidas para darles cumplimiento, retirando numerosos símbolos y modificando denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos que vulneraban lo establecido en aquellas”.
Por ese año, en marzo de 2021, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez había asegurado por escrito, también en respuesta a una pregunta parlamentaria, que “no quedan en acuartelamientos o instalaciones militares elementos de esas categorías [vestigios] que se opongan a lo previsto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
Antes había afirmado lo mismo en el ámbito de la Policía Nacional, mientras que en instalaciones de la Guardia Civil quedaban 43 vestigios.
Pero la nueva Ley de Memoria Democrática era más dura, y elementos con los que se había hecho excepciones con la norma de 2007, muchos de ellos en edificios del Ministerio de Defensa, cuarteles militares, nombres de unidades... pasaron a ser objeto de depuración y supresión.
El Ministerio de Defensa creó un comité para aplicar la Ley de Memoria Democrática en su ámbito, comité que preside la subsecretaria y en el que se sientan los segundos jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
Ese órgano coordina las actuaciones para eliminar o modificar aquellos elementos y símbolos que contradigan la Ley de Memoria Democrática.
Defensa ha rechazado dar detalles de las actuaciones que llevó a cabo con la anterior ley.
Cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, se creó una comisión técnica de expertos que manejó una lista de 352 vestigios localizados y analizados en el ámbito del Ministerio de Defensa, si bien después se dio el dato de 410 vestigios retirados.
