Los diputados aprobaron este lunes en primer debate el Presupuesto Nacional del 2025, por ¢12,4 billones, luego de 25 días de debates en el plenario de la Asamblea Legislativa. El plan de gastos planteado por el gobierno tiene faltantes en partidas como los salarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los servicios básicos de las cárceles. Se aprobó con 43 votos.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, destacó que el trabajo de este órgano permitió hacerle modificaciones al Presupuesto Nacional, en particular el incremento para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), luego de que el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) no lograron un acuerdo.
El fondo para las universidades tendrá un aumento del 2%, es decir ¢10.360 millones, y no del 1%, como sugería originalmente el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Adicionalmente, Ramírez destacó que se incluyeron ¢26.331 millones adicionales para la educación primaria y secundaria, así como ¢17.048 millones adicionales para combatir la delincuencia y el crimen organizado, fortaleciendo los ingresos para financiar las diferentes policías del país.
En sintonía con Ramírez, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), aseguró que, al resolver los congresistas el diferendo entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, tal como lo exige la Constitución Política, el ganador fue la educación pública del país, pero no gracias a la administración de Rodrigo Chaves.
La también frenteamplista Sofía Guillén acusó al gobierno, en particular al MEP, de debilitar los recursos de ese sector, aunque la inversión en educación es lo que ha reducido los números sobre la pobreza en el país, según dijo.
Por su parte, la liberacionista Katherine Moreira reclamó la falta de asignación de recursos para escuelas de Limón y para la finalización de la ampliación de la ruta 32, mientras que otros recursos se asignan a una sola escuela, en referencia al caso de los recursos gestionados por el socialcristiano Leslye Bojorges, que finalmente el gobierno asignó a la escuela en donde Bojorges tiene su plaza de director.
Tanto Paulina Ramírez como los legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR), Gilberto Campos y José Pablo Sibaja, cuestionaron la falta de recursos para las unidades policiales, porque se incluyeron ¢520 millones menos en combustible para el Ministerio de Seguridad Pública, ¢337 millones menos para reparar patrullas y ¢187 millones para la compra de repuestos.
El presupuesto, contenido en el expediente 24535, cubre a todas las instituciones del gobierno central, incluyendo el Poder Judicial y el Legislativo, así como sus instituciones auxiliares, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.
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