Bien decía el clásico que la forma es fondo. La prisa y el atropello con los que Morena y sus aliados están aprobando las reformas constitucionales y legales anunciadas desde el pasado 5 de febrero por López Obrador son una clara evidencia al respecto.
Uno puede estar a favor o en contra de las reformas, pero creo que, al menos por respeto a la sociedad sobre la que recaerán esas iniciativas, el procedimiento para llevarlas a cabo debería ser atendiendo a la técnica legislativa más elemental. Eso quiere decir, entre otras cuestiones, considerar los efectos que los diversos cambios tienen en otras disposiciones normativas y evitar contradicciones, vacíos, inconsistencias, ya que eso redundará finalmente en falta de certeza y, por lo mismo, ampliar el margen en manos del juzgador para la aplicación de las leyes. La arbitrariedad se asoma.
Algunos podrán alegar que la prisa reformadora explica esos yerros –aprovechar al máximo la mayoría calificada que indebidamente brindó la sobrerrepresentación–, pero es difícil sostener eso cuando las iniciativas datan al menos de hace nueve meses y de mucho tiempo atrás si consideramos que este paquete tuvo como antecedentes los planes A y B, que datan de 2022 y 2023. No estamos hablando de cuestiones menores. Hagamos un breve recuento de los más recientes gazapos.
Ya hemos referido en otras entregas los problemas asociados a la reforma al Poder Judicial y en particular a la falta de claridad de los procedimientos aprobados para organizar el proceso que llevará a la elección de juzgadores federales y que ahora tiene al proceso en un vilo, a grado tal que el INE pidió una prórroga de 90 días para que la jornada electoral no sea el 1 de junio, sino el 31 de agosto del próximo año y, además, los legisladores seguramente recortarán de manera muy considerable el presupuesto que solicitó el INE. De manera tal que sin dinero, en plazos extremadamente estrechos, sin difusión ni campañas y con una gran cantidad de vicios legales, se organiza una elección inédita que será ejemplo para el mundo, según lo describió la presidenta de la República.
Así la consideración y el respeto al Poder Judicial, que es tratado como de tercera.
Continuemos; la semana que acaba de concluir la Cámara de Diputados aprobó el paquete legal denominado “Simplificación orgánica”, vaya eufemismo para referirse a la desaparición de siete organismos autónomos. A la concentración del poder se le justifica con medidas burocráticas y presupuestales.
Pero más allá de lo grave en sí de la medida, el desaseo legislativo hace su aparición una vez más. Los representantes populares del bloque mayoritario aprobaron la reforma sobre la base de la minuta que le “heredó” la legislatura pasada –medida en sí misma irregular, por decir lo menos– y en la que no estaba considerada la mal llamada “Supremacía constitucional”, ni el paso de la Guardia Nacional a la Sedena.
Es decir, no se tomaron la molestia, una vez más, de revisar lo que votan, de manera tal que en este caso, en el nuevo “diseño” de la administración pública, la Guardia Nacional mantuvo su estatus anterior y la Constitución puede ser interpretada y controvertida, o al menos la contradicción está en las mismas normas tasajeadas. La omisión se hizo ver por la oposición durante la votación y quien preside esa Cámara desestimó el señalamiento indicando que se turnaría la iniciativa al Senado con una “fe de erratas”, era tal la urgencia por acatar órdenes que ni el tiempo se dieron para solicitar una reserva y votar en lo particular el caso.
Si el Senado quiere medianamente cubrir el procedimiento legislativo, tendría que corregir el error y devolver a diputados la reforma para su consideración, con el consumo de tiempo correspondiente. Ya veremos si de nueva cuenta la lealtad presurosa le gana a la certeza.
Sigamos sumando a este recuento. La vecindad, en el amplio sentido del término, introdujo a última hora un freno y la “mayoría” tuvo que hacer una enmienda al texto que les había encargado el líder del movimiento. Resulta que el T-MEC considera la condición de contar con instancias independientes para regular los mercados de competencia en telecomunicaciones, así que la desaparición de la COFECE y el IFT generaban un incumplimiento que suscitaría un diferendo adicional con los otros dos firmantes del tratado comercial.
La anterior obligó a que a última hora se constituyera una instancia para cumplir con el T-MEC. Por cierto, instancia que no tiene cabida, por sus características, en el nuevo diseño “simplificado”, un parche más.
Para concluir, va la cereza del pastel. En la reforma aprobada por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la que se crean nuevas dependencias, se excluyó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. El error se originó desde la iniciativa que se turnó a la Cámara, pero lo más grave es que así lo aprobaron los diputados, lo que una vez más deja en claro que los documentos no se leen, solo se votan; pesa más la lealtad que cualquier otra consideración.
¿Frente a qué estamos? Se trata de una conducta sistemática, de un proceder consistente: el menosprecio al marco legal, al Estado de derecho, finalmente, la ley soy yo, “Yo el pueblo”, diría Urbinati.
POSDATA: Se adujo por la 4T que las referencias del señor Trump sobre la revisión al T-MEC y a temas de seguridad y migración eran solo dichos de campaña. Malas noticias, serán medidas de política pública para el gobierno de los EU y el ejemplo cunde en Canadá.
