A finales de mayo, el periodista y escritor Federico Jiménez Losantos entrevistó en Libertad Digital a Rosa María Payá, astrónoma cubana, activista y defensora de los derechos humanos, creadora de la plataforma Cuba Decide, perseguida política como su padre Oswaldo Payá, también él una figura central en la lucha democrática en Cuba, reconocido con el Premio Sájarov en 2002 y asesinado por el castrismo en 2012.
Escuchar a Payá estremece. Además de la situación de hambre crónica y precariedad creciente de los servicios de agua potable y electricidad que padece la sociedad cubana (debacle de la que no escapan ni siquiera los hospitales), describe la destrucción total de las libertades con una frase inequívoca: “Cuba es un presidio político”, dominado por una cúpula policial y militar, dispuesta a los viles extremos, para mantener sus riquezas y privilegios.
Hay que repetirlo: Cuba es un presidio donde cada vez hay más presos políticos y donde la brutalidad del régimen es cada vez más siniestra. Basta un post o un comentario en Facebook para que, a continuación, aparezca la ilimitada ferocidad de la cadena represiva: secuestros, desapariciones forzadas, juicios amañados, condenas carente de todo fundamento, hasta de 25 de años de prisión (invito a los lectores de este artículo a interesarse por la historia de José Daniel Ferrer, preso desde mediados de 2021, en la que debe ser su sexta o séptima prisión, siempre castigado por su apasionado trabajo a favor de las libertades).
Pero hay un hecho todavía más alarmante en la intervención de Payá en Libertad Digital: la denuncia de que hay dineros provenientes de Europa que, violando leyes y acuerdos internacionales, suministran recursos financieros al castrismo y a sus organizaciones, sin que la dictadura cubana corrija o retroceda en sus políticas de represión y violación de los derechos humanos. Amparándose en el llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, de 2017, que ni siquiera fue suscrito por todos los países, la Unión Europea continúa suministrando ayudas económicas a un régimen que utiliza las mismas para financiar la represión y la tortura.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en América Latina han señalado que la dictadura castrista incrementa alrededor de 15 presos políticos cada mes. Otra fuente, Prisoners Defenders, señaló, los primeros días de este mes, que el número de presos al cierre de octubre ascendió hasta 1.118 presos políticos. Como en Venezuela o en Nicaragua, apenas se produce la detención, que no es otra cosa que un secuestro, las personas pierden sus derechos.
Se les tortura, se les maltrata física y psicológicamente, se les impide el derecho a la defensa. Se les niega la atención médica. Hablar de alimentación es un contrasentido porque, en realidad, lo que reciben es comida en mal estado, podrida y maloliente. Ahora mismo hay activistas que llevan más de seis meses detenidos y no han tenido un solo contacto con sus familias.
Ante estas perversas realidades cada vez más sistemáticas, la pregunta nuclear de Payá, su desconcierto —¿cómo es posible que naciones democráticas estén financiando a una cúpula militar y policial cuya única política de Estado consiste en espiar, reprimir y aplastar al pueblo cubano? ¿Por qué Europa continúa apoyando al castrismo si sabe lo que está ocurriendo?— no encuentra respuesta en el silencio cómplice de Europa.
Esta misma cúpula es la que opera al Grupo de Cooperación y Enlace, la unidad militar cubana que actúa en Venezuela. Está integrada por oficiales cubanos, dirigida por militares cubanos de alto rango, lo que constituye una escandalosa violación de los principios básicos de la soberanía (¿acaso el régimen de Maduro no le ha concedido la nacionalidad a un delincuente señalado internacionalmente, ha comprometido su política exterior por Alex Saab y, a continuación, le ha nombrado ministro?).
Ese Grupo de Cooperación y Enlace está directamente involucrado en el programa de aniquilación de las libertades y violación de los derechos humanos en Venezuela. Cuando se lee que coordinan la asistencia técnica y militar para las fuerzas armadas venezolanas, debe entenderse: los entrenan en prácticas de espionaje, secuestro, desaparición forzosa, torturas y uso de la desinformación como instrumento de acoso y extorsión a los presos, a los abogados y a sus familias.
Cuando digo en el título de este artículo que “el castrismo sigue ahí”, no solo quiero contribuir a recordar (porque a menudo parece que lo olvidamos), que la dictadura político-militar cubana pronto alcanzará 65 años causando humillación y condiciones de vida cada vez más precarias a todo un país y que, como parte central de su estrategia, continúa exportando métodos para destruir la democracia y destruir las capacidades políticas de las sociedades, imponer estructuras dictatoriales —como en Venezuela y Nicaragua—, con las que hacer alianzas para prolongarse en el poder, al costo humano que sea, y todo esto, insólitamente, financiado en parte con recursos que salen de naciones europeas.
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