En solo una semana, el Congreso ha aprobado tres textos normativos que golpean el sistema electoral y la democracia en el Perú. Los ataques son impulsados ahora con mayor determinación, con miras a controlar el doble proceso de elecciones que tendremos en el 2026.
Por un lado, el pleno aprobó en primera votación una reforma constitucional que debilita la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de un nuevo intento de control de este organismo.
En forma paralela, la Comisión de Constitución, conducida por el fujimorismo, aprobó dos dictámenes de ley. Una de ellas se trae abajo la democracia interna y ahora prevalecerá la designación a dedo de candidatos, incluyendo a no afiliados.
El segundo dictamen tiene que ver con el financiamiento de los partidos y uno de los principales cambios es que los peruanos tendrán que pagar los honorarios de los abogados de los dueños de los partidos.
El miércoles, el pleno aprobó, con 89 votos, una reforma constitucional que, en la práctica, recorta el mandato del nuevo presidente del JNE para el 2025.
El abogado Roberto Burneo juró como nuevo presidente del JNE el jueves. Según las reglas vigentes, él tendría que mantener la conducción de dicho organismo constitucional autónomo por un periodo de cuatro años.
Sin embargo, la reforma establece que Burneo tendría que dejar el cargo en el 2025. De este modo, los partidos con poder en el Congreso tendrán la oportunidad de poner a alguien afín a sus intereses y así el camino estará más allanado para el 2026.
La reforma aprobada incluye la modificación de la forma de elección del presidente del JNE. Actualmente, el cargo recae automáticamente en el representante del Poder Judicial. Este sistema ha permitido garantizar la autonomía del JNE.
Pero en el 2025, el titular del JNE podrá ser elegido entre los cinco miembros del pleno. Esta modificación abre el camino para que un representante de las universidades pueda estar al frente del JNE, con el riesgo de poca independencia, dada la injerencia y cercanía que tienen los partidos con no pocas casas de estudios superiores.
Esta contrarreforma es impulsada por quienes perdieron en las elecciones del 2021. Es decir, Fuerza Popular, que preside la Comisión de Constitución, con Fernando Rospigliosi. En el pleno del miércoles, hubo votos de apoyo de Perú Libre y APP, y todos sus grupos satélites.
El mismo Rospigliosi aseguró, el martes último, la votación de dos dictámenes en el grupo de Constitución. El primero establece las reglas para la elección del próximo parlamento bicameral, incluyendo el aumento a más de 237 representantes, entre diputados y senadores.
Pero en este texto, Rospigliosi incluyó de contrabando un párrafo que permite a los dueños de los partidos designar a dedo a los candidatos para alcaldes y gobernadores. La mala redacción del texto habilita a las cúpulas a elegir a dedo al 100% de postulantes, con la opción de adicional de poder colocar a personas que no están afiliadas.
Con esta norma, la democracia interna será solo simbólica. Los afiliados acudirán a las urnas, pero los dueños podrán imponer al 30% de postulantes de cada lista regional o municipal.
El segundo dictamen tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Uno de los cambios es para que los peruanos paguen los honorarios de los abogados de los dueños o dirigentes de los partidos, como la procesada Keiko Fujimori o el prófugo Vladimir Cerrón. Esto, a través del financiamiento público, que es el dinero que ya reciben todos los partidos.
Este mismo dictamen habilita para que los grupos políticos vuelvan a recibir dinero de las empresas privadas y los aportes no declarados ya no serán considerados de fuente prohibida.
Los dictámenes ahora deben pasar al pleno para el debate y la votación final.
