Esta ha sido, sin duda, una semana de alboroto. Comprimidos en tres días, hemos tenido la incertidumbre del nombramiento de Teresa Ribera, la rocambolesca y apurada negociación por la reforma fiscal y la altisonante declaración del procesado Aldama comprometiendo a parte del Gobierno. A pesar de ello, Pedro Sánchez quiere hacer creer a todo aquel que escuche que él está tranquilo. Que tenga motivos o no para inquietarse, eso es algo que íntimamente solo puede saber él. Ahora bien, intentar convencernos de que esta semana no la ha pasado como todo el mundo -de sobresalto en sobresalto y de sorpresa en sorpresa– eso no hay quien se lo crea.
Es evidente que descubrir si contiene verdad o no lo que dice Aldama solo podrá saberse con fundamento a través de pruebas procesales. Los jueces, al final, son siempre los máximos garantes de una democracia. El poder judicial será quien encargará las investigaciones pertinentes, la búsqueda de testimonios para conseguir establecer los hechos que designen responsabilidades, etc. La presencia de un poder judicial democrático nos garantiza que ningún político estará nunca por encima de la ley. Por eso, la pervivencia del derecho es un factor tan productivo en una sociedad como las iniciativas de los empresarios, la fuerza de la mano de obra o el producto industrial y mercantil. Porque, a diferencia del poder legislativo que puede usarse despóticamente (legislar, al fin y al cabo, lo puede hacer hasta el más ínfimo de los tiranuelos), o del ejecutivo, que puede tener todo tipo de sesgos ideológicos y arbitrariedades, el derecho al que se ciñe todo poder judicial se resume universalmente en la famosa frase de Hume de que ninguna propiedad ha de ganarse o perderse por violencia o fraude.
Pero, cuando nuestros diputados están agitados por paisajes tan sincopantes como el actual, es cuando se les escapan las baladronadas más notables. Un ejemplo troposférico de esas gesticulaciones verbales es mi paisano Rufián. Estos días, como era de esperar, fue atrapado por los periodistas en los pasillos del Congreso, instándole a que diera su opinión sobre los hechos que eran comidilla general. Mi paisano reaccionó como es habitual en él: su cerebro cocinó un envoltorio más o menos efectista, lo facturó hacia las cuerdas vocales y, como su sistema neurobiológico carece de aduana que revise el contenido entre ambos puntos para asegurarse de la calidad, salió lo que salió y que corra el aire allá afuera.
No perdamos de vista que se le preguntaba por la negociación fiscal y las declaraciones de Aldama. A lo que respondió con los habituales tópicos de que se llegará hasta el final y que cada uno cargue con sus responsabilidades, para rematarlo con una desconcertante frase sobre que los jueces en nuestro país prevarican. Partamos de la base de que mi paisano es ese tipo de político que ha llegado a recibir un sueldo del contribuyente básicamente porque escribe tuits. Su mirada siempre se ha caracterizado por una frialdad expresiva emocional que nos hace recordar y comprender porque Forrest Gump se sentía tan a gusto consigo mismo. Podemos decir, en su favor, que últimamente ha descubierto las bondades de las corbatas tras varias décadas renegando displicentemente de ellas. Para mi gusto esa rectificación le honra, puesto que soy gran defensor de la indiscutible elegancia de tales adminículos. Pero el refinamiento indumentario desgraciadamente no se ha visto acompañado de un parejo pulido retórico. En ese nivel, mi paisano sigue siendo tan tosco y rupestre como cuando salió de su pueblo prometiendo a sus paisanos que él no tenía vocación de vivir políticamente en Madrid y que volvería enseguida. Lleva años incumpliendo su palabra, deslumbrado por la capital y sin ganas de volver. Madrid y las corbatas finalmente tienen su encanto, incluso para nosotros los catalanes. ¿A qué entonces ponerse a calumniar a las instituciones cuando no viene a cuento y ni siquiera te han preguntado por ellas?
Más allá de cualquier disfunción neuronal posible, da la sensación como si, precipitadamente, ciertas mentes estuvieran ya poniéndose una venda ante una posible herida procesal que amenazara desangrar al actual gobierno y sus apoyos. La táctica sería desacreditar por anticipado a los garantes que precisamente han de defendernos.
