Hace unos días, para esquivar su responsabilidad ante la crisis hídrica en Piura, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, sumó una frase desatinada más a su alista al señalar que “nunca son exactas las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)”. Lo dijo a pesar de que los informes de esta entidad sirven para tomar acciones preventivas ante posibles desastres naturales.
Este es el caso concreto del reciente informe técnico titulado ‘Escenarios de riesgo por lluvias para el verano 2025 (enero-marzo)’, el cual fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Desastre (Cenepred).
Dicha entidad, que se basó en estudios del Senamhi y de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), acaba de advertir que en el Perú existen cerca de 9.000 puntos críticos ante la ocurrencia de huaicos, derrumbes e inundaciones, producto de las lluvias.
La situación es preocupante porque casi 3 millones y medio de peruanos se encuentran en riesgo muy alto en la costa, sierra y selva. Es para reaccionar.
Del total de zonas altamente peligrosas, se reportan 7.403 ante posibles inundaciones, de las cuales 6.993 fueron identificadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y 410 por el Instituto Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Las regiones con más puntos críticos son Ica (846), Lima (741), Puno (657) y Loreto (610).
“Solo en el caso de la ocurrencia de inundaciones están expuestos a un riesgo muy alto 974.749 personas, 323.427 viviendas, 837 centros de salud y 3.510 instituciones educativas”, dijeron fuentes del Cenepred.
En el caso de posibles huaicos y derrumbes, se han identificado 1.485 zonas críticas; sobre todo en Lima (237), Cajamarca (168), Áncash (123) y Arequipa (121). El estudio advierte también que cerca de 2 millones y medio de personas están en riesgo muy alto; al igual que más de un millón de viviendas, 15.274 centros educativos y 2.277 establecimientos de salud.
“La existencia de todos estos puntos críticos demuestra que continúan posicionándose y creciendo centros urbanos en lugares altamente susceptibles del país, lo cual genera una situación de riesgo en la población y en sus medios de vida”, explicaron las fuentes del Cenepred.
“¿A dónde vamos a ir”, respondió a las autoridades la señora María Alejo, cuya vivienda, ubicada en una quebrada, quedó afectada hace unos días, tras la caída de un huaico en el anexo Pueblo Nuevo, en la provincia liberteña de Pataz. “Necesitamos ayuda”, dijo tras señalar que su esposo y sus hijos se dedican a la agricultura.
Pero, ¿qué están haciendo las autoridades para reducir el riesgo de desastres naturales?
Según la Defensoría del Pueblo, hasta octubre, los tres niveles de Gobierno (Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales) habían ejecutado el 59.2% del presupuesto relacionado a la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres.
En el caso del Ejecutivo, tenía un avance de ejecución del 54.6 % y los gobiernos regionales contaban con solo 55.5 %; mientras que los gobiernos locales, con casi un 71.7 %.
“Estas porcentajes demuestran una falta de gestión oportuna por parte de las autoridades, a pesar de que el Perú se encuentra expuesto a diversos peligros de origen natural e inducidos por acción humana que vienen afectando a miles de personas cada año”, señaló la Defensoría tras reiterar los posibles riesgos advertidos por el Cenepred.
El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque, Melvin Rodríguez, respondió que continúan tomando acciones preventivas porque, según las estimaciones del Cenepred, el 30% de la región tiene un riesgo muy alto ante la ocurrencia de huaicos e inundaciones.
“Nuestra prioridad debe ser Chiclayo porque es una meseta que recepciona el agua de las microcuencas que nacen en las zonas altoandinas”, precisó.
Agregó que se encuentran trabajando en la descolmatación de los ríos La Leche y Zaña y la construcción de defensas ribereñas para que en la temporada de lluvias, entre febrero y abril del 2025, no tengan afectados y grandes daños materiales.
Rodríguez señaló que están adquiriendo 100 motobombas ante posibles inundaciones en los 617 puntos críticos de Lambayeque. Estos se sumarán a las 60 que ya tienen.
“Tenemos 400 toneladas de ayuda humanitaria en el almacén central y otros 200 en los 14 almacenes de avanzada en algunos distritos”.
Por su parte, el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Marco La Rosa Sánchez, señaló que sus puntos críticos en la zona costeña se ubican en Chimbote, Casma y Huarmey; mientras que en la zona de la sierra se sitúan en el Callejón de Conchucos (Pallasca, Siguas, Yungay), Huari y Piscobamba.
“Estamos ejecutando trabajos de descolmatación de ríos y de enrocados, como defensas ribereñas. El problema está en que cuando elegimos un tramo para estos trabajos y estamos listos, nos chocamos con que la ANA o la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) también prevén obras en la zona. Falta más coordinación porque aún podemos adelantarnos a la temporada de lluvias”, afirmó tras admitir que tienen una deficiente maquinaria pesada.
Pues bien, como la fenecida Autoridad de Reconstrucción con Cambios no dio la talla, el Gobierno de Dina Boluarte la reemplazó por la ANIN, que aún tiene varios pendientes
Además de los proyectos vinculados a las defensas ribereñas y la descolmatación de los ríos, se conoció que la ANIN tiene una cartera de 17 proyectos de infraestructura natural para reducir los riesgos de desastres en 17 cuencas que están expuestas al fenómeno El Niño y las lluvias.
De acuerdo con los planes, se busca reforestar las cuencas, crear allí cercos de protección, construir andenes, terrazas, zanjas y diques. Los proyectos se implementarán en regiones costeñas como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica (ver infografía).
De esos 17 proyectos, 13 están en fase de diseño; es decir a la espera de la licitación del estudio definitivo y uno en ejecución, con estudios definitivos culminados. Todos estos fueron desarrollados con la asistencia técnica del Proyecto NIWS, en colaboración con la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), el Gobierno de Canadá y Forest Trends.
Sobre el tema, el especialista Aldo Facho consideró importante que no haya superposición de responsabilidades entre el ANIN y los gobiernos regionales. “Los proyectos deben enmarcarse en una visión territorial y multisectorial para tener resultados concretos”, afirmó.❖
