La lentitud de los procesos administrativos ralentiza actuaciones y desespera a agricultores de la comarca, que amagan con protestas y pedir la resurrección de la ley de regadíos que generó el conflicto
Sin novedad en el frente: el acuífero de Doñana va a peor y sigue perdiendo agua
Fue el lunes 27 de noviembre de 2023, cuando un bucólico paseo prismáticos en mano de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), escenificó el fin a casi dos años de rifirrafe político en Doñana. Una ley impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, que se llegó a presentar dos veces (en 2022 y en 2023), abrió la caja de los truenos al regularizar cientos de hectáreas con invernaderos que extraen de manera ilegal agua del agonizante acuífero que alimenta el parque nacional. Aquel paseo, adobado con dos besos y complicidad, inició una paz que ha permitido avances sustanciales, pero no con la celeridad que requiere la situación crítica del paraje.
Aquel pacto puso sobre la mesa 1.400 millones de euros en teoría a partes iguales, aunque a la hora de la verdad el Gobierno andaluz no incluyó en su cuenta ningún proyecto nuevo y de hecho computa como inversión hasta las ayudas de la PAC que llegan de Bruselas. Pero lo más importante es que apartó a Doñana del choque político, con un clima de entendimiento entre las dos administraciones que puso los mimbres mínimos para rescatar un espacio natural al borde del colapso. De hecho, hay quien mira con cierto recelo la marcha de Ribera a Europa, ya que se fajó de manera muy personal y ha estado muy implicada en todo este proceso.
Todos los actores coinciden en que la situación es mucho mejor un año después, aunque a un ritmo desesperante por la complejidad de algunas medidas y por los tiempos que requieren los procesos administrativos. Esto contrasta con la situación de un paraje con sus poblaciones de animales en mínimos históricos y que vive una auténtica agonía, lo que se refleja en detalles como el hundimiento del ganso, su ave más emblemática, o que en la práctica ya no quedan lagunas permanentes en contraste con la presencia asentada del regadío ilegal. Por eso, las valoraciones sobre cómo va el pacto oscilan entre el optimismo de las administraciones y la resignada prudencia de las organizaciones ecologistas, pasando por el recelo cada vez más indisimulado de los agricultores.
“Podemos estar muy satisfechos”, apunta Emilio Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Doñana (dependiente del Gobierno central), que habla de un “acuerdo histórico” que tiene a todas las administraciones “alineadas de manera correcta al contexto de cambio climático y en sintonía con la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea”. De paso, se declara “muy satisfecho con el grado de ejecución del Marco de Actuaciones para Doñana” del Ministerio, que ya ha invertido 180 millones de euros en la línea ambiental (que se activó hace dos años) y ha comprometido 118 millones en ayudas directas en la rama socioeconómica.
Rodríguez, asimismo, incide en el contraste con la situación de hace un año, cuando “se estaba planteando un marco legislativo que ampliaba los regadíos en Doñana, lo que aumentaba la presión hídrica sobre los acuíferos”. En cambio, ahora se están llevando a cabo actuaciones de obras hídricas, de renaturalización e inversiones en la ciudadanía, los municipios, los agricultores, los ganaderos y la actividad económica “para un desarrollo sostenible en el entorno de Doñana”.
Por su parte, la consejera andaluza de Medio Ambiente, Catalina García, incide en que se ha conseguido “avanzar de manera significativa en muchas de las líneas establecidas, logrando superar incluso los objetivos previstos para este primer año”. Esto ha sido posible gracias a un trabajo “estrecho” con el Gobierno central y a medidas como la adquisición por la Junta de Andalucía de la finca Veta la Palma, de 7.600 hectáreas, “una inversión estratégica de casi 74 millones de euros”.
“Lo que hemos logrado hasta ahora demuestra que, cuando administraciones y sectores implicados reman en la misma dirección, los avances son más efectivos y sostenibles”, sostiene. Para García, el pacto “avanza con paso decidido en medidas concretas”, algo en lo que juegan un “papel fundamental” los agricultores, “quienes han demostrado una actitud proactiva”.
Al margen de actuaciones ambientales, en el capítulo socioeconómico el Ejecutivo central ya ha puesto 70 millones de euros para proyectos de los ayuntamientos del entorno (ya se han aprobado las órdenes de pago de los primeros 35 millones, los restantes 35 llegarán en 2025). La convocatoria para las ayudas a las buenas prácticas (39,5 millones de euros) se publicará antes de que termine el año, y también hay que sumar los ocho millones en subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para autoconsumo y movilidad eléctrica, rehabilitación energética de edificios y la eficiencia energética en agricultura.
¿Y qué pasa con las ayudas más polémicas y esperadas, las que recibirán los agricultores por dejar de cultivar y renaturalizar los terrenos? Pues que van lentas y ahora mismo la aspiración es que las bases que las regularán estén publicadas en 2024, lo que significa que la convocatoria no se hará hasta bien entrado 2025. Hablamos inicialmente de 28 millones de euros, una partida que se ha incrementado al dispararse la previsión de los que quieren solicitarlas.
El problema es que esta tardanza empieza a poner nervioso a más de uno. “La gente está calentita”, admite Manuel Mora, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, el motor que estuvo tras la proposición de ley de PP y Vox. Tras un primer aviso en agosto de que podría haber movilizaciones si no se activaban ya estas ayudas, ahora hasta hay voces que piden resucitar esta ley, que además no está formalmente derogada sino que el PP metió en un cajón.
Los regantes reclaman una mesa de negociación propia para tratar directamente con Gobierno y Junta lo que les atañe a ellos, y han conminado a ambas administraciones a verse las caras en la segunda semana de diciembre. “Desconocemos cómo van a ser las ayudas y el temor es que se pongan condiciones muy restrictivas y quede mucha gente fuera”, apunta Mora, que desgrana algunas de sus reivindicaciones: garantías de que quien tiene una sanción que todavía no ha pagado pueda recibir el dinero, reducir de diez a cinco los años para cobrar toda la subvención, si cultivos como el arroz se podrán beneficiar o no...
Los nubarrones que llegan por parte de los agricultores no son los primeros que han azotado a Doñana en este año desde que se rubricó el pacto, ya que por ejemplo sólo tres semanas después se supo que era excluida de la prestigiosa Lista Verde. Posteriormente hubo choques entre los 14 municipios que recibirán fondos –Almonte e Hinojos insisten en que deben percibir más–, pero cuando más cerca estuvo la fractura fue a mediados de febrero al hilo de la Ley de Simplificación Administrativa andaluza, en la que se incluyó un párrafo que nuevamente abría la puerta a la regularización de regadíos. Finalmente, el Ejecutivo de Moreno dio marcha atrás y borró el polémico artículo.
Así que el pacto ha sobrevivido a su primer año de vida, aunque a un ritmo insuficiente como demuestra el último informe técnico sobre el estado del acuífero, que refrenda “el colapso global de todo el sistema de Doñana”, lamenta Juanjo Carmona, representante de WWF en el Consejo de Participación del parque. Un órgano, por cierto, que se reúne este lunes 25 de noviembre en el que supondrá el debut de su recién nombrado presidente, Enrique Mateos, sustituto de un Miguel Delibes que dijo adiós el pasado mes de julio.
“En las medidas ambientales vamos muy lentos, aunque en otras cuestiones sí se va algo más rápido”, apunta Carmona. Las ayudas que tienen en ascuas a los agricultores, por ejemplo, “han necesitado un estudio jurídico muy complejo”, y en paralelo ha habido alguna que otra buena noticia como la formalización de la compra por la Junta de Veta la Palma en la provincia de Sevilla, “que es interesante pero no soluciona el verdadero problema”.
Para ello –sostiene– hay que seguir sellando extracciones ilegales, aunque carga las tintas sobre todo en que no se haya acelerado el trasvase entre Moguer y Matalascañas para así poder cerrar los pozos de los que bebe esta gran urbanización, que tiran directamente del acuífero y que por ahora lo que se va a hacer es cambiarlos de ubicación. “El trasvase se podría haber acometido ya porque es una obra que se ha declarado de emergencia, pero no hay voluntad política”, mientras que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se garantiza que se acabará haciendo, pero que primero hay que acabar con las fugas de hasta el 40% en la red de distribución de Matalascañas.
En cambio, desde Ecologistas en Acción su representante en Doñana, Juan Romero, pone el acento en su decepción con la recuperación del río Guadiamar para que vuelva a ser un aporte importante de agua a la marisma. “La declaración de intenciones es poco ambiciosa, al final lo que se va a hacer es crear un canal porque se le da prioridad a no dañar el tejido económico”, critica, una operación que considera “insuficiente” simple y llanamente “porque no hay dinero para la compra de terrenos” ante los elevados precios que están pidiendo los propietarios.
“Son medidas complejas, pero vamos con mucho retraso ante la situación de colapso hídrico de Doñana”, advierte, y en este sentido la marcha de Teresa Ribera a Bruselas la percibe con un cierto temor pero a la vez considera que puede suponer un impulso. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por no proteger el enclave natural del expolio de agua, una de las claves del plan de recuperación pasaba por renaturalizar el entorno como se pretende con el Guadiamar, y en este sentido confía en que Ribera empuje desde su nuevo puesto porque “Europa es la única esperanza para hacerlo bien”.
Desde SEO-Birdlife en Doñana, Carlos Davila resalta que el pacto es “muy positivo” porque ha permitido una unión de las administraciones con la que “aprovechar la última oportunidad para este espacio”. El acuerdo, además, quitó de la “pelea política” a un parque que “tiene el acuífero muy mal y tiene las aguas superficiales contaminadas”, lo que exige una reacción rápida porque de lo contrario “no va a existir Doñana”. ¿Cuál es el problema? Pues que “los procesos administrativos son más lentos que los procesos de Doñana, necesitamos más rapidez porque esto es urgente”.
“Aunque los avances han sido significativos, somos conscientes de que aún queda mucho por hacer”, admite la consejera andaluza de Medio Ambiente, Catalina García. Aquí apunta al necesario impulso a áreas como la digitalización de los procedimientos administrativos, “esenciales para agilizar la gestión de las iniciativas”, y el fortalecimiento de los recursos técnicos y humanos. De paso, confía en que con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, “el diálogo y la cooperación entre administraciones sigan siendo pilares fundamentales para el futuro de Doñana”.
“Sabemos que esta inversión y esfuerzo de restauración no será suficiente”, reconoce por su parte Emilio Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Doñana. “Toda la ciudadanía andaluza puede sentirse muy satisfecha y orgullosa de este acuerdo para Doñana”, apunta, pero a la vez advierte de que los actuales esfuerzos “deberán prolongarse más allá de las actuaciones hoy planteadas para una acción permanente en favor de Doñana durante lustros y décadas”.
