La Fiscalía llegó a las inmediaciones de la vivienda de la parlamentaria María Agüero para allanar y recabar información en torno al caso que se le investiga por el recorte de sueldo de los trabajadores de su despacho. Al mismo tiempo, cerca de las 7:30 de la mañana del martes 5 de noviembre, representantes del Ministerio Público y efectivos policiales se hicieron presente en las inmediaciones del Congreso de la República para proceder con el descerraje y allanamiento de su oficina dentro del Legislativo.
No obstante, la congresista de Perú Libre no se encontraría en el Perú debido a que participó en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista en Caracas, Venezuela, según información que compartió a través de sus redes sociales y que lo dio a conocer el líder de su partido, el prófugo Vladimir Cerrón.
A mediados de agosto, según reveló el programa Punto Final, María Agüero fue acusada de recibir más de S/27 mil en transferencias presuntamente ilegales, provenientes de recortar el sueldo de los trabajadores del despacho de la parlamentaria. La parlamentaria de Perú Libre se suma a la lista de legisladores investigados por el caso 'Mochasueldos'.
Tres meses después de que el programa Punto Final denunciara que el coordinador de la congresista María Agüero en Arequipa habría recibido más de S/ 27 mil en transferencias presuntamente ilegales provenientes de los trabajadores del despacho de la parlamentaria, la Fiscalía llegó este martes 5 de noviembre al domicilio y despacho de Agüero para realizar un allanamiento.
Según la investigación presentada en agosto, el modus operandi habría consistido en que el exasesor de la parlamentaria de Perú Libre, César de la Cruz, transfería montos específicos a Edson Flores, coordinador de la congresista, en fechas que coincidirían con las visitas de la congresista Agüero a Arequipa, sugiriendo una posible coordinación premeditada.
Las transacciones habrían incluido montos que oscilaron entre S/1.000 y S/5.000 en diversas fechas entre el 2022 y 2023. Además, una extrabajadora del despacho de Agüero denunció que el supuesto "diezmo" implicaría la retención del 10% del salario del personal, presuntamente bajo instrucciones de la congresista y su equipo.
