El campo cordobés tendrá paz social durante algo más de dos años. El acuerdo alcanzado la semana pasada por Asaja, COAG y UGT para la renovación del convenio colectivo del campo de Córdoba (el anterior caducó en 2023) supone mejoras salariales y sociales , además de las condiciones laborales de los trabajadores agrarios según aseguran las organizaciones firmantes. El documento, al que ha tenido acceso ABC, no cuenta con el aval de CCOO al considerar este sindicato que provocará que haya menos mano de obra en las explotaciones . El número de personas que se verán beneficiadas por el convenio asciende a 65.000 , según UGT, mientras que en la Encuesta de Población Activa (EPA) se señala que la cifra de ocupados en el sector primario en la provincia ascendía a 28.000 en el segundo trimestre de este año. Una de las grandes novedades que incluye el acuerdo con respecto a otros y que se desconocía hasta el momento es que estas organizaciones se comprometen a impulsar una serie de medidas que puedan paliar la falta de mano de obra que sufre actualmente el campo cordobés, sobre todo durante las campañas, una situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo por los propios agricultores y ganaderos y la industria agroalimentaria. A este respecto, el anexo siete del convenio indica que con este marco de relaciones laborales «se crean las mejores condicionales laborales posibles para que los trabajadores del campo y los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales», siendo estos «la base del empleo y la generación de riqueza en nuestros pueblos», de manera que, «si al campo le va bien, al resto de los sectores económicos les irá bien». Asimismo, se comprometen a hacer más atractivas las labores en las plantaciones a fin de que los trabajadores encuentren en la actividad primaria un futuro laboral. Es conocida la marcha de muchas personas del sector agrario a otros ámbitos como la construcción o la hostelería debido a sus mejores salarios., sobre todo en las épocas de mayor demanda de mano de obra por parte de ambas actividades productivas. Es reseñable el hecho de que tanto Asaja, como COAG y UGT coinciden en reclamar a las administraciones la adopción de medidas que «ayuden a salir del desempleo a las personas trabajadoras que se encuentren en esa situación». En esta línea, «se realizará un análisis y una reflexión de cómo evitar que haya muchas personas inscritas como parados » en la agricultura y en la ganadería, «y, sin embargo, haya importantes necesidades de mano de obra que no pueden cubrirse». Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a finales de agosto había inscritos un total de 4.243 demandantes de un puesto de trabajo en el campo, algo que puede resultar contradictorio cuando precisamente se está poniendo de manifiesto que los empresarios tienen problemas serios para encontrar candidatos para los tajos. Esto ha obligado a las organizaciones agrarias a solicitar a la Subdelegación del Gobierno un contingente de trabajadores extranjeros para cubrir este déficit, algo que no ocurría desde hace años. En el convenio los firmantes se comprometen a facilitar y a ayudar a las administraciones para la autorización de la llegada de estas personas desde fuera de España, un aspecto al que los sindicatos siempre habían mostrado su rechazo ante existencia de desempleados en el ámbito agrario. En cuanto a las novedades del documento , destaca especialmente la subida de las remuneraciones este año (con carácter retroactivo al 1 de enero) de un 6,5 por ciento, incluyendo el 5 por ciento de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que aprobó el Gobierno central para 2024. De este modo, diariamente se abonarán entre 37,06 y 58,39 euros por jornada. Para 2025 y 2026 se establece un incremento mínimo del 2 por ciento, que será mayor en el caso de que el alza del SMI así lo sea. En lo que se refiere a los aspectos sociales del acuerdo, destaca la introducción desde el próximo año de un seguro de vida e invalidez por accidente de trabajo sufragado por las empresas para su personal con una indemnización mínima de 11.000 euros y unos gastos por sepelio que alcanzan los 2.500 euros. El campo entra también en cuestiones tecnológicas al reconocer el derecho de los trabajadores a la desconexión digital , de manera que estos no tienen obligación de atender ningún dispositivo de comunicación por parte de su empleadores fuera de su horario laboral, salvo en cuestiones excepcionales.
