La implementación de una regla fiscal más flexible no ocurrirá antes de 2028. Esto se debe a que el Gobierno proyecta que la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) no descenderá por debajo del 60% en el 2025 como estaba previsto el Ministerio de Hacienda y el Banco Central (BCCR). Se espera alcanzar ese objetivo en 2026, y un presupuesto menos restrictivo llegaría, como dice la norma, hasta dos años después.
Así lo informó este viernes el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y se confirmó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2024-2029, publicado el mismo día. El informe destacó que, tras las revisiones realizadas por la cartera en los balances fiscales, la relación deuda/PIB se ubicará por debajo del 60% hasta 2026, en lugar de 2025, como se había anunciado en el MFMP de marzo
El escenario más flexible de la regla fiscal no se reflejará hasta 2028, ya que el presupuesto de ese año se basará en los resultados financieros de 2026.
Acosta explicó que la reducción del endeudamiento no ocurrirá como se esperaba, porque el crecimiento de la economía supera el ritmo de la recaudación tributaria. Parte de este desfase se debe a que sectores productivos dinámicos, como las zonas francas, no pagan impuesto sobre la renta. Además, el jerarca culpó a la Asamblea Legislativa por la disminución en la recaudación, al aprobar leyes que redujeron el impuesto a la propiedad de vehículos en los marchamos para 2024.
“Teníamos programado que la relación deuda/PIB estuviera por debajo de 60% para 2025, pero la reducción en la recaudación de impuestos y la mejor ejecución de la obra pública está generando más gastos e impacta en el superávit primario lo que provoca tener menos pago de deuda. Por eso pasa a 2026″, dijo. Incluso la proyección de un endeudamiento menor al 60% para 2026 es muy frágil pues para ese año el resultado previsto es de 59,9%.
La regla fiscal es un mecanismo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que limita el crecimiento del gasto público en función de la situación económica y el nivel de endeudamiento del país. Según esta norma, cuando la deuda del Gobierno alcanza o supera el 60% del PIB, el aumento del gasto total (incluyendo gasto corriente y de capital) no debe exceder el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años, lo que la hace más restrictiva.
La regla fiscal se define por dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB nominal y el crecimiento promedio del PIB nominal en los cuatro años previos a la formulación del presupuesto, en este caso de 2020 a 2023. Para el presupuesto de 2025, el gasto total y corriente no puede aumentar más del 3,75%.
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El gasto corriente incluye los costos diarios, como salarios y servicios esenciales para el funcionamiento del Gobierno, mientras que el gasto de capital se destina a inversiones en infraestructura y proyectos a largo plazo, como la construcción de carreteras y escuelas.
Además, la ley establece varias “medidas extraordinarias” que se activan cuando la deuda pública supera el 60% del PIB. Estas incluyen el congelamiento de las remuneraciones de todos los empleados públicos y los ajustes en las pensiones financiadas por el presupuesto nacional, con excepción de los ajustes por costo de vida.
Elian Villegas, quien fue ministro de Hacienda en los últimos dos años de la administración pasada, señaló que si la deuda se ubicara entre el 45% y el 60% del PIB, el Gobierno podría considerar excluir el gasto de capital de la regla fiscal, permitiendo que crezca a un ritmo más acelerado, al igual que el gasto en remuneraciones.
Este escenario más restrictivo de la regla fiscal ha prevalecido desde el presupuesto nacional de 2022 y se mantendrá en el presupuesto nacional 2025, presentado por Hacienda ante la Asamblea Legislativa este viernes 30 de agosto.
Isaac Castro, exviceministro de Egresos de Hacienda, mencionó que el pago de salarios retroactivos retrasó el objetivo de reducir la deuda por debajo del 60%, lo que evidencia que el Ejecutivo priorizó las remuneraciones sobre la aceleración del proceso de consolidación fiscal.
Villegas coincidió en que, aunque leyes como la reducción del marchamo han impactado la recaudación fiscal, también existe una clara intención del Gobierno de aumentar el gasto. Consideró “grave” y “preocupante” que se afirme que la recaudación no está creciendo al mismo ritmo que la economía, y señaló que el Gobierno aún tiene margen para mejorar en materia de recaudación fiscal.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos de Hacienda, subrayó la urgencia de reducir el costo de la deuda para que esta caiga por debajo del 60% del PIB lo antes posible. También señaló que, en un entorno de alto crecimiento económico, gestionar la deuda es más sencillo.
Con la presentación del proyecto del Presupuesto Nacional para 2025, el Gobierno anunció que el próximo año se prevé una disminución en el pago del servicio de la deuda pública en ¢277.023,3 millones, principalmente por una reducción en los requerimientos para amortización de la deuda.
El gasto en amortizaciones disminuyó de ¢3.280.385,6 millones este año a ¢2.940.955,6 millones en el presupuesto de 2025, lo que implica una reducción absoluta de ¢339.430 millones. La amortización de la deuda se refiere a los pagos realizados para reducir el principal de la deuda existente.
Sin embargo, el pago de intereses, otro componente del servicio de la deuda, aumentará en ¢63.370 millones, un 2,56% más que en el presupuesto de 2024. Los intereses pasarán de ¢2.474.755 millones en 2024 a ¢2.538.125 millones en el plan de 2025.
Durante la presentación del presupuesto, el ministro de Hacienda señaló que para 2025 el Gobierno proyecta un superávit primario (ingresos menos gastos sin contar intereses)del 1,5% del PIB, comparado con el 1,8% estimado para el cierre de este año. Además, se prevé que el déficit fiscal, que incluye el pago de intereses, se mantenga en -3,3% del PIB, igual que lo proyectado para 2024.
