El Gobierno ya trabaja en aunar una mayoría en el Congreso de los Diputados que avale el nuevo sistema de financiación para Cataluña pactado con Esquerra Republicana a cambio de la investidura como president de Salvador Illa. En Moncloa se muestran conscientes de que, si no consiguen 176 síes, la legislatura peligra tras la amenaza de los republicanos de retirar el apoyo en todas las votaciones parlamentarias. El primer escollo a sortear es convencer a los partidos afines y el Ejecutivo ya ha llegado a una conclusión tras los primeros cálculos: sin el apoyo del Partido Popular, las cuentas no salen, según confirman a Confidencial Digital fuentes gubernamentales.
Un alto cargo del Gobierno admite a ECD que todavía desconocen si deben reformar la ley de financiación autonómica para encajar el nuevo régimen catalán. El pacto acordado entre PSC y ERC excluye a Cataluña del régimen común y permitirá que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos en la autonomía. Los expertos en Derecho Constitucional consultados por ECD consideran ineludible cambiar la normativa actual para poder ejecutar el compromiso de los socialistas e incluso consideran que, a pesar de no infringir la Constitución, sí vulnera el “espíritu constitucional” de solidaridad que rige la Carta Magna y la ley de financiación de 1980.
Por eso ahora el Gobierno se encomienda a los populares. Ante la negativa de la mayoría de las formaciones del arco parlamentario, el PSOE admite que solo podrá sacar adelante una votación —bien reformando la LOFCA o bien como nueva ley, en ambos casos bajo votación parlamentaria— con el sí del PP. No hay otra manera de sacar adelante la medida. “Sin ellos, difícil”, confirman desde Moncloa.
El Ejecutivo prepara reuniones con el partido líder de la oposición y empleará un argumento con el que presionar a Génova: de este acuerdo depende que en Cataluña no gobiernen los independentistas; esto es, elegir entre esta reforma de la financiación o un nuevo Ejecutivo separatista.
Y es que el Gobierno no solo ha encontrado el rechazo de la derecha —PP y Vox— al nuevo sistema de recaudación catalán, sino que también ha recibido una negativa frontal entre los habituales socios parlamentarios del PSOE. La reforma de la financiación se ha situado en los últimos años como una de las principales demandas de los partidos regionalistas englobados en Sumar, socio de Gobierno de los socialistas, y el acuerdo anunciado por ERC ha despertado un enorme malestar en el seno de la formación fundada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Compromís lleva años denunciando “infrafinanciación” y reclamando una mejora en el reparto de fondos para la Comunidad Valenciana. Un análisis en parte compartido por el propio PP, cuyos presidentes autonómicos también se han sumado a la petición de recibir más fondos cuando han liderado ejecutivos regionales.
“La solución no puede ser concreta solo para Catalunya. Quiero que el PSOE entienda que hay una singularidad y que si vamos a abordar esta cuestión no se puede hacer sin contar con el apoyo de todo el grupo plurinacional y de Compromís. Para eso no se puede dar solución a solo un problema sino a todos”, afirmó la portavoz del partido valenciano en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó. De hecho, la formación se plantea incluso retirar el apoyo al presidente, Pedro Sánchez, si sigue adelante con la iniciativa sin abordar el sistema de financiación de los valencianos, según publicó elDiario.es.
Junts, en su guerra con ERC por liderar el independentismo, también ha arremetido contra el acuerdo porque empodera al PSC, según el partido de Carles Puigdemont. Los postconvergentes se han unido al PP para exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comparezca en la Cámara Baja para explicar el acuerdo.
En Moncloa dan por imposible conseguir el voto de Junts después de las declaraciones de sus líderes y de la rivalidad desatada con Esquerra. Además, el pacto ha impedido otro ejecutivo de Puigdemont, que volvió a posicionarse como principal partido independentista en Cataluña solo por detrás del PSC. El Gobierno prepara reuniones con todas las formaciones para convencerlas, pero se muestra muy pesimista en conseguir los votos suficientes.
Incluso el portavoz de la CHA, Jorge Pueyo, salió rápidamente a rechazar el acuerdo a las pocas horas de que se anunciara.
-- “Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figura en el Estatuto de Aragón. Solo apoyaremos una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado”, afirmó en redes sociales a través de su perfil en X —antes Twitter—.
