A casi 14 años de la masacre que dejó 72 migrantes muertos en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, atribuida al cártel de Los Zetas, 11 sicarios fueron condenados cada uno a 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos constituyeron uno de los episodios más violentos de la historia migratoria en México, con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil.
La matanza fue atribuida al grupo criminal Los Zetas, una de las células del narcotráfico más violentas que operaban en el noroeste de México. Lo hechos ocurrieron entre el 22 y 23 de agosto de 2010, dejando como saldo 72 migrantes sin vida.
Un año después, en 2011 se hallaron decenas de cuerpos sepultados en fosas clandestinas en el mismo lugar, hasta alcanzar un total de 177 víctimas, de los cuales 122 casos quedaron bajo investigación de la fiscalía.
En un comunicado, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, indico que obtuvo del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con residencia en ciudad Matamoros “sentencia condenatoria en contra de 11 personas por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado”.
#FGR, en su Fiscalía Federal en @FGR_Tamps, obtuvo sentencia de 50 años de prisión contra 11 personas, por el delito de homicidio calificado. Son responsables del homicidio de 122 personas, quienes fueron bajadas de los autobuses en los que viajaban, y posteriormente encontradas… pic.twitter.com/haF6ZRO8mm
— FGR México (@FGRMexico) August 21, 2024
Fue en abril de 2012 cuando se inició la indagatoria en contra de los 11 sicarios, señalados como responsables del delito de homicidio calificado en agravio de 122 personas, quienes fueron obligadas a bajar de los autobuses en los que viajaban. Posteriormente, sus restos fueron hallados en diversos cementerios clandestinos.
En febrero de 2015, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron orden de aprehensión por reclusión en contra de seis de ellos al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 Noroeste, mientras que en 2017, ejecutaron el mandamiento judicial por reclusión en contra de otros cinco reclusos, quienes se encontraban internos en diferentes centros federales.
