El abogado y exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado considera que el proyecto de ley que busca ampliar el delito de perjurio y castigarlo con ocho años de prisión es una iniciativa “para generar espacios de impunidad”. Aduce que es parte de una serie de medidas del Congreso para favorecer intereses particulares contrarios a la democracia.
—¿Qué opina del proyecto que busca castigar con 8 años de prisión el delito de perjurio?
—Es innecesario. No está debidamente fundamentado. Más grave aún, tiene un propósito intimidatorio, de obstruir la acción de la justicia mediante amenazas a través de la norma sobre testimonios u otras fuentes para hallar la verdad en investigación de un hecho muy grave. Todo esto un contexto de avasallamiento de la legalidad y el estado de derecho por parte del Congreso y del Gobierno.
—¿Qué dice ante el argumento de que quienes mienten a la justicia deben ser sancionados?
—Es baladí. Ya está suficientemente establecido como conducta prohibida y con sanción. Esa aseveración es de perogrullo, no conduce a nada ni justifica una iniciativa legislativa. En vez de perder tiempo, los congresistas deberían preocuparse por lo importante. Pero ya estaríamos contentos si no hicieran nada, porque cuando hacen algo erosionan o intentan erosionar el estado de derecho. Esta iniciativa sigue un propósito doloso, intimidatorio, dirigido a amenazar a quienes brinden testimonios en comisiones del Congreso y otras entidades. Hay una garantía constitucional de prohibición de la incriminación: un testigo o procesado puede no dar una declaración que considere lesiva a su condición jurídica. Sentirse conminado a decir algo en la conveniencia de una comisión del Congreso bajo la espada de Damocles de una ley que lo amenaza con años de prisión lesiona, además, el principio de libertad probatoria, que tienen las personas de dar testimonio de modo libre y voluntario. Es decir, no haber sido coaccionados. Y la coacción tiene formas diferentes: puede ser una tortura, un maltrato, pero también psicológica. En este caso hay coacción psicológica. Es una norma ambigua al estilo de regímenes totalitarios, como el nicaragüense, el venezolano.
—Se alega que se abusa de los testimonios sin pruebas.
—También se alega que hay abuso de la prisión preventiva, pero si no da evidencia científica o no matiza esas alegaciones, en realidad sirven a la narrativa de sectores cuyos líderes políticos son procesados, dirigidas a descalificar la actuación del sistema de justicia. La narrativa de que se abusa del testimonio para buscar debilitar una institución como la colaboración eficaz es un mecanismo para neutralizar la acción de la justicia. Esa aseveración, al adolecer de precisión y base empírica, resulta siendo una falacia ad ignorantiam. Son falacias construidas con el objeto de descalificar la acción de la justicia para generar espacios de impunidad y construir un estado que no respeta el estado de derecho, un estado totalitario.
—¿De qué manera se afectaría la lucha anticorrupción?
—De manera muy significativa. Debilita mecanismos dirigidos a dar instrumentos adecuados al Ministerio Público, a los jueces para dar sentencias de condena. Generaría mecanismos en que testigos posibles o cualquiera con información relevante que brindar se sintieran coactados y limitados de confesarla por el temor de que fueran pasibles de persecuciones penales arbitrarias sin fundamento jurídico bajo términos de un derecho penal democrático.
—La autora del proyecto, Katy Ugarte, fue denunciada por sus trabajadores de cortarles sueldo y despedir a una embarazada. ¿Qué le parece?
—Eso es aún más grotesco. Demuestra que el ánimo real con que abusa de su condición de congresista es para protegerse a sí misma de investigaciones que deberían llevarla a la cárcel eventualmente. Esto hace aún más irrisorio su bochornoso proyecto y obliga al Congreso, si tuviera algo de decencia, a mandarlo a las catacumbas. Es un absurdo jurídico.
—¿Podemos confiar en que este Congreso no lo aprobará?
—No, de ninguna manera.En este momento en el Perú, se están atacando principios básicos del imperio del derecho mediante conductas protagonizadas por el Congreso y el Gobierno dirigidas a socavar, neutralizar o destruir progresivamente el estado de derecho. Lo mismo que se acusa a dictadores como Maduro u Ortega en Nicaragua se está haciendo en el Congreso. Se están desnaturalizando principios básicos sobre lo que se sustenta un consenso social respecto de vivir en democracia. Hay ejemplos claros: la ley Rospigliosi-Cueto sobre vulneración al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la “inconstitucionalidad” planteada por el defensor contra la extinsión de dominio, las iniciativas que se han tomado para neutralizar los allanamientos y las colaboraciones eficaces, las modificaciones a la legislación sobre criminalidad organizada que bajan estándar para que haya pena, entre otros.
—¿Y qué se puede hacer al respecto, qué pueden hacer los ciudadanos?
—Los ciudadanos pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo tiene que haber un camino trazado por las dirigencias políticas. Y estas no han hecho nada. Se dedican a hacer comunicados simpáticos, políticamente correctos, pero no tienen acciones como plantear acción frente al estado de cosas inconstitucional que se vive hoy en el Perú. Ese concepto se aplica perfectamente al Perú respecto a todo lo que está haciendo el Congreso y, con su convalidación, el Gobierno. La oposición está inerte, vaga, con comunicados bonitos, cuando hay que dar lucha en todos los frentes: social, jurídico, constitucional, etc. Nos encanta el papel de víctimas, decirlo en comunicados, pero no pasamos al papel de ciudadanos que exigen el cumplimiento de sus derechos. Eso es salir más allá de la condición de víctimas, pero al parecer, esta posición es más cómoda para los lideres de la oposición en el Perú actualmente.
