Perú llegará este domingo a otro 28 de julio sin superar la crisis política e institucional que atraviesa desde 2016. Incluso, esta se ha agravado: un sector mayoritario de la ciudadanía ya no cree en la democracia, perdió el respeto por las instituciones y no confía en los partidos políticos. Estos indicadores hoy están ligados a los políticos con poder de decisión, como la presidenta Dina Boluarte, los congresistas y varios líderes políticos. A diferencia de periodos anteriores, estas personalidades comparten algo en común: problemas con la justicia.
Para Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ello no es más que otro síntoma de un ‘problema mayor’: “La crisis de representación política en el Perú es irreversible”.
En esa línea, el exprocurador anticorrupción César Azabache sostiene que la presencia de “representantes con prontuario criminal o con procesos serios en trámite de llegar a condena” conlleva a que estos busquen “protegerse, no a desarrollar ninguna línea de acción vinculada al bien común”. Agrega que, en estos casos, la actividad política se reduce a “la simple negociación protección-respaldo”.
Una muestra de ello son las leyes que el Congreso ha promovido. Por ejemplo, la ley Soto, la ley que debilita la colaboración eficaz, la ley que modifica la norma del crimen organizado, la ley que prohíbe considerar a los partidos políticos como organizaciones criminales y la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.
“Al minar las bases de la institucionalidad, el Congreso está minando las bases que afirman su propia autoridad”, advierte Azabache al respecto. En tanto, Cárdenas recuerda un pasaje de El pez en el agua de Mario Vargas Llosa. “Él decía que el deterioro no tiene límites y estoy totalmente de acuerdo con él. El Perú está en un proceso de implosión institucional muy grave y por el cual no se ve que toque fondo”.
Tal como resumió la publicación inglesa The Economist, la presidenta Dina Boluarte se mantiene en el cargo porque “ella no manda”, sino los congresistas. Este es un “acuerdo tácito de la coalición”, asevera Azabache, aunque advierte que la sostenibilidad de la mandataria “pende de un hilo” ante las investigaciones en su contra, como el caso Rolex y el potencial desbalance patrimonial en sus cuentas.
En un inicio, Boluarte aseguró que colaboraría con las indagaciones a cargo de la Fiscalía, pero, luego del allanamiento a su domicilio en marzo de este año, abandonó dicha muletilla e inició una campaña en contra del Ministerio Público para desprestigiar las investigaciones.
En silencio, la jefa de Estado se apersonó al proceso de habeas corpus que ella misma había “desautorizado” y recientemente acreditó a los abogados Domingo García Belaunde y Ernesto Blume como sus abogados ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es anular la denuncia constitucional que presentó el fiscal Juan Carlos Villena por presunto cohecho.
En paralelo, la defensa legal de Boluarte también busca dejar sin efecto la investigación por las muertes en protestas. Para ello interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. Aunque el recurso ya fue rechazado en doble instancia judicial, aún queda la opción de que el TC resuelva. La República pudo conocer que ya se interpuso el “recurso de agravio constitucional” para que el expediente sea elevado al máximo intérprete de la Constitución.
Tras más de 7 años de proceso (investigación preparatoria y control de acusación), el caso Cócteles contra Keiko Fujimori llegó a la etapa estelar del juicio oral, donde se determinará si efectivamente la excandidata incurrió en lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica. Por los referidos delitos, el fiscal José Domingo Pérez pide 30 años y 10 meses de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular.
El auto de enjuiciamiento se dictó en diciembre de 2023 y la instalación del juicio se programó para julio de 2024. Sin embargo, según documentos obtenidos por este diario, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, presentó en febrero un habeas corpus para anular todo el proceso penal. En el olvido quedó lo manifestado por la letrada sobre que sería en el juzgamiento donde se demostraría que su clienta no incurrió en ilícito alguno.
Fuerza Popular también habría hecho uso del poder político para intentar remover del Equipo Especial Lava Jato a José Domingo Pérez y Rafael Vela. Según Jaime Villanueva, Martha Moyano hizo esa petición a la destituida Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación.
La gestión como gobernador regional de Junín –donde habría cometido presuntas irregularidades– es una mochila que arrastra hasta estos días Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Fue una sentencia condenatoria por negociación incompatible (caso La Oroya) lo que ocasionó que Cerrón no integrara la plancha presidencial junto con Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Ya con poder político, a través de su bancada parlamentaria y la influencia en el Ejecutivo, los líos legales de Cerrón han continuado: fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka y se le impusieron dos órdenes de prisión preventiva.
Desde la clandestinidad ha intentado revertir su situación invocando una norma promovida por su partido, la Ley 31751, que fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción. Con esta modificación, diversos procesos contra Cerrón habrían prescrito o estarían cerca. Incluso, cuando los jueces empezaron a inaplicar esta norma, Perú Libre impulsó otro proyecto para someterlos.
Un Ejecutivo desaparecido y un Congreso desvergonzado y autoritario, sumado a partidos políticos débiles, no auguran nada bueno para el país, estiman los especialistas consultados.
El exprocurador César Azabache considera que no se puede determinar en qué momento se detendrá el deterioro institucional. Lo que sí puede afirmar, indica, es que la coalición planea mantenerse hasta 2026, aunque eso “no implica que vayan a ir juntos a formar un frente o tener una sola candidatura”.
En tanto, el politólogo Alonso Cárdenas asevera que se necesita un giro de 180 grados para que la “ciudadanía vuelva a creer en su clase política”. “Tenemos un Congreso con 5% de aprobación y una presidenta de la República con una aprobación similar. Son los porcentajes más bajos en América Latina. Es realmente una situación vergonzosa”, sentenció.
Los comicios del 2026 tampoco inspiran esperanza. A la fecha, dos candidatos cuyas postulaciones han sido confirmadas son el etnocacerista Antauro Humala y el exdictador Alberto Fujimori, quienes han sido condenados por homicidio.❖
Panama Papers. Otro líder que viene siendo investigado es el presidente de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Se le atribuye presunto lavado de activos.
Expresidentes. Cinco exjefes de Estado se encuentran enfrentando juicio oral o ad-portas de enfrentar uno. Están Alejandro Toledo, Ollanta Humala,
Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo
Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
“Es un síntoma de un problema mayor: la crisis del sistema de representación política en el Perú es irreversible. No se va a poder revertir esta situación con los mismos actores ni con el mismo marco legal. Se necesita un giro de 180 grados para que la ciudadanía vuelva a creer en su clase política".
César Azabache, exprocurador anticorrupción
“Los acuerdos tácitos de la coalición incluyen no vacar a Dina Boluarte y no hacer ningún esfuerzo para adelantar las elecciones. Algo tendría que quebrarse o cambiar de dirección para que no se llegue al 2026. Es un proceso plagado de incertidumbre porque el régimen pende de un hilo”.
