El presidente Rodrigo Chaves redujo el asalto a la riqueza natural del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, al derribo de 23 árboles, ejecutado, según dijo, con permiso. Según su criterio, no pasó mayor cosa y el escándalo es una maniobra distractora de sectores interesados en minimizar la importancia del daño ecológico en Crucitas.
“El escándalo con el que quieren distraer a la población, hablando de 23 árboles que se cortaron con permisos en una propiedad de 26 hectáreas, ese es el desastre ecológico que el Frente Amplio y todos esos que gritan para distraerlo a usted del desastre verdadero que hay en Crucitas”, afirmó el mandatario, el lunes, en el poblado del Jobo, en La Cruz, Guanacaste.
El presidente no explicó cuál podría ser el interés del Frente Amplio “y todos esos que gritan” en tender una cortina de humo sobre el desastre de Crucitas. Mucho menos reveló cuál sería el papel del Ministerio Público, tan poco diligente en la investigación de tantas otras anomalías del gobierno, en la fabricación de una distracción en Gandoca-Manzanillo para nublar la tragedia de Crucitas.
La investigación, desde luego, no se limita a la tala de 23 árboles. Si los otros 99 árboles cuyo derribo fue autorizado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía no estuvieran en pie, tampoco serían el único objeto de las indagaciones.
Cierto, Playa Manzanillo S. A., representada por una persona vinculada de diversas formas con el gobierno, obtuvo permisos para talar 122 árboles, pero la Fiscalía investiga, precisamente, si esas autorizaciones fueron concedidas de conformidad con el ordenamiento jurídico. El presidente se apresuró a asegurarlo, pero entre los detenidos figura el funcionario firmante del permiso para la corta y el aprovechamiento forestal “en terrenos de uso agropecuario sin bosque”.
Según la Fiscalía Adjunta Ambiental, los terrenos tenían cobertura boscosa y se encuentran en la zona protegida. Además, en una nota enviada a la Sala Constitucional, el procurador Iván Vincenti informa que en los planos utilizados para titularizar las tierras “consta su presumible ubicación dentro del refugio”. No obstante, los permisos de tala fueron concedidos.
Pero la concesión irregular de los permisos de tala tampoco agota los alcances de la investigación. No se trata del derribo de 23 árboles ni del permiso para acabar con otros 99 al amparo de autorizaciones presuntamente irregulares, en uno de los refugios de vida silvestre más extraordinarios del país. La Fiscalía presume que el objetivo era “cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales” para “desarrollar una infraestructura urbanística”.
La propiedad es parte de las 137 fincas entregadas por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a particulares en virtud de una ley del 2014, declarada inconstitucional en julio del 2019 en lo relativo a las áreas con cobertura boscosa. La sentencia ordenó devolver los terrenos al patrimonio del Estado, pero la orden no ha sido acatada.
La finca de Playa Manzanillo S. A. comprende 122.388 metros cuadrados, de los cuales el 20% están en la inalienable zona marítimo-terrestre (ZMT), según un estudio del Instituto Geográfico Nacional. Si fuera desarrollada de conformidad con las sospechas de la Fiscalía, su valor ascendería a decenas de millones de dólares.
La tala ilícita de 23 árboles no explicaría la apertura de una causa por los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso. Ninguno de esos ilícitos guarda relación con el derribo puro y simple de un árbol o de 23.
En cuanto a Crucitas, celebramos el renovado interés del mandatario luego de la publicación de este diario, el 9 de agosto del 2023, sobre el abandono del poblado por la Fuerza Pública de conformidad con instrucciones emanadas de la Presidencia. Un correo electrónico de la Policía de Fronteras informó sobre la retirada de los encargados de la finca Vivoyet, donde existe un yacimiento de oro. El correo, fechado el 13 de julio por la Delegación de Los Chiles, Tablillas-Crucitas, informaba a los encargados de la finca sobre la devolución de las instalaciones utilizadas por los policías en la propiedad.
Según el mensaje, no se asignaría más personal a la zona de Crucitas para cumplir una solicitud de las jefaturas del Ministerio de Seguridad formulada “por orden presidencial”. La invasión de mineros ilegales, con grave daño para el ambiente y la seguridad ciudadana, no se hizo esperar.
