Los beneficiarios en el juicio por la expropiación de YPF buscan volver a meter a la petrolera en el litigio. La justicia de Estados Unidos, que en primera instancia estableció que el Estado argentino deberá pagar una sentencia de u$s 16.000 millones, había desligado de responsabilidad a YPF.
Este miércoles, los demandantes del estudio Burford salieron a contestarle a la petrolera, que viene defendiéndose en los tribunales para no volver a ser incorporada en la causa. Presentaron argumentos para indicarle a la justicia estadounidense que se equivocaron en absorberlos en 2023.
El documento presentado ante la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York establece: "Cuando los temores de una nacionalización de YPF se confirmaron, Argentina y su petrolera abandonaron sus obligaciones de respetar los estatutos y las promesas realizadas a los inversores. La Juez Preska correctamente encontró 'culpable' al Estado por esta negligencia, pero incorrectamente desligó a YPF de cualquier responsabilidad".
Sobre la responsabilidad de YPF en la causa, plantearon en el escrito: "No solo YPF incumplió con sus promesas a los inversores que la obligaban a forzar a su nuevo propietario mayoritario a lanzar una OPA, sino que también violó su propio Estatuto al llevar a cabo acciones que estaba prohibidas por ese mismo Estatuto".
"Aunque Argentina e YPF de alguna manera podrían evitar cumplir con sus obligaciones contractuales, aun estaban obligadas a cumplir con las promesas realizadas en su Oferta Pública inicial el Wall Street totalmente regulada por el ente regulador de mercados de los EE.UU. (SEC)", agregaron, según un análisis realizado por Sebastián Maril, de Research For Traders.
Además, recordaron un discurso del actual gobernador de Buenos Aires y ex ministro de Economía, Axel Kicillof: "La negligencia intencional del gobierno argentino, se encuentra reflejada en el discurso de Axel Kicillof cuando el 17 de Abril de 2012 dijo que "son unos estúpidos aquellos que piensan que el estado debe lanzar una OPA para adquirir todas las acciones de YPF como dice su Estatuto. Eso es una trampa de osos".
Finalmente, mencionaron: "Las pruebas de la negligencia argentina empezaron con el Memorandum del Secretario de Energía Daniel Cameron enviado a YPF el cual explicaba las dos alternativas para tomar control de la petrolera: 1) lanzar una OPA y 2) expropiar. Cameron concluyó que era mejor expropiar ya que lanzar una OPA como decía el Estatuto implicaba un costo adicional al Estado de USD 11.000 millones a USD 14.500 millones".
Según Maril, este es el anteúltimo informe sobre el tema. Luego, el 6 de septiembre, se presentarán todas las partes para establecer los closing statements, esto es, los argumentos finales antes que la Corte de Apelación decida.
De todos modos, este no es el único tema vinculado a la causa judicial por la expropiación, realizada en 2012 hace más de una década, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. También la justicia debe definir cómo responde al pedido de Burford, que busca quedarse con el 51% de las acciones de YPF, que corresponden al Estado nacional y provincial.
