Bélgica incrementa la factura que le cobra a España por los recortes en las ayudas a las energías renovables. El pasado 10 de julio trascendió la decisión de la Justicia belga de ordenar el embargo de una cuenta de banco del ente público Enaire, accionista mayoritario de Aena. Dicho organismo recibe mes a mes los pagos que realiza Eurocontrol a los distintos países del espacio aéreo europeo para remunerar los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo. La compañía denunciante, la estadounidense Blasket Renewable Investments, forma parte de la larga lista de acreedores afectados por estos recortes.
El pasado 23 de julio, Eurocontrol cumplió con la orden de la justicia belga e informó a la empresa denunciante del monto total sujeto al embargo. La cifra exacta asciende a 83,7 millones de euros, de los cuales 79,9 millones se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio, según aseguran fuentes de las empresas afectadas.
La orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación. Esto significa, por ejemplo, que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados, a la espera de la resolución de la controversia, según explican las citadas fuentes. Los consultados añaden que es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, puesto que la Justicia belga permite que otros acreedores se sumen a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos.
A lo largo de los últimos años, España ha impagado más de 25 laudos internacionales que condenan a nuestro país a pagar 1.560 millones de euros en concepto de indemnización por la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cifra hay que sumarle los más de 315 millones de euros de sobrecostes legales y financieros derivados del incumplimiento de los fallos.
[[QUOTE:PULL|||Los afectados calculan que los impagos causan un daño de 7.340 millones al país]]
Este escenario de impagos reiterados ha causado un daño a la economía nacional de más de 7.340 millones de euros debido a la inseguridad jurídica generada, según calculan estas fuentes. Además, los afectados han procedido a reclamar el embargo de activos financieros e inmobiliarios del Reino de España ante los tribunales de Reino Unido, Bélgica, Australia o Estados Unidos.
El Gobierno tiene encima de la mesa una propuesta de resolución por parte de las empresas afectadas. La negativa de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a negociar una salida satisfactoria «resultará en nuevos embargos, mantendrá la inseguridad jurídica y perjudicará su trayectoria política en Europa, al quedar identificada con este monumental fiasco que actúa directamente contra la inversión en energías verdes», aseguran los afectados , que piden a Ribera que recapacite y facilite una resolución satisfactoria que permita poner fin a los impagos.
