La Suprema Corte de Justicia aún existente —aunque con enormes posibilidades de desaparecer como la conocemos en los meses venideros— ha dictado siete sentencias en contra del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que cada uno evade cumplir o atender.
Entre las más importantes, destacan el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que la Corte ha considerado ilegal.
El sustento recae en la ley con que el propio Congreso dio vida a la mencionada Guardia. Ahí se señala con precisión que el organismo de seguridad pública tendrá un carácter civil, bajo mando y comando de civiles y con su adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
A mitad del sexenio, AMLO cambió de rumbo y decidió que siempre no. Que la Guardia en realidad debía estar bajo las directrices y comando de los militares, rompiendo la ley original y el propio acuerdo parlamentario mediante el cual, los partidos de oposición otorgaron su voto y respaldaron su creación.
En los hechos, la Guardia fue integrada y dirigida por militares desde el día uno, a pesar de los ridículos mensajes de la señora Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación: “Serán militares —decía— pero con otro chip”. Lo seguimos buscando sin encontrarlo.
El presidente emitió un decreto que los partidos de oposición impugnaron ante la Corte, y la Suprema falló a su favor.
Hoy es el día en que ni el presidente, el gobierno o el Congreso atienden el fallo.
Otra más que sirve como ejemplo de un gobierno y el Congreso en la ilegalidad: la designación de comisionados del INAI para el completo funcionamiento de ese organismo. La no designación de integrantes del pleno impide, bloquea e imposibilita el funcionamiento del instituto. El Congreso ha omitido la sentencia de la Corte para que el INAI funcione a cabalidad. Evadir, evitar la transparencia y la rendición de cuentas.
Una más es la legislación en torno a la cannabis. El uso, recreativo o médico de los derivados de la planta, ha sido desoído por el Congreso. Los prejuicios del presidente impidieron que durante este sexenio se abordara el tema con seriedad y se dieran salida, bajo normatividad y reglamentos, a docenas de productos valiosos para enfermos crónicos en el país.
Parece que la tónica de fin de sexenio es “para qué les vamos a hacer caso si, de todas formas, ya los vamos a desaparecer”.
Y esa es la realidad. Andrés Manuel ejecutó su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación, porque tuvo la osadía de negarse a sus atropellos legales, a las violaciones repetidas a la Constitución.
Del Congreso en manos de Morena, ni qué esperar. Son esbirros del presidente, a quienes violar la ley, mancillarla y atropellarla resulta irrelevante. La clave es obedecer al caudillo, porque su futuro político (¡Ricardo! Ahí te hablan) depende de ello.
Así que siete sentencias ignoradas por los otros poderes de la Unión, que están a punto de enterrar la puntilla el tercero. El Poder Judicial desaparecerá como contrapeso en el diseño original de la República. Se convertirá en oficialía de partes, integrada por jueces y magistrados electos por un pueblo ignorante y desconocedor de la materia jurídica, seleccionados por Morena y su apabullante poder que lo inunda y lo controla todo.
El maniqueo argumento de “los jueces cerca del pueblo” es una fantochada para distraer a la grada, al más puro estilo de AMLO.
Los jueces deben estar cerca de la ley, con apego irrenunciable a la Constitución, no al pueblo. ¿A cuál pueblo? ¿Al de Acapulco o al de Colorines que tienen disputas por agua?
Basta de sandeces y manipulación barata. La Corte y el Poder Judicial serán borrados por un acto de soberbia, de venganza política consentida y respaldada por acólitos y corifeos.
La afirmación torcida de que si son “buenos jueces, se presenten a la votación”, ofrece una perspectiva desviada de la realidad. ¿Con qué conocimiento los votantes de ese pueblo sabio podrán distinguir quiénes son los jueces “buenos” de los que no lo son?
Una vez más, México inundado por la propaganda política y la ambición personal, dejará pasar la oportunidad histórica de hacer una verdadera, auténtica y profunda reforma judicial.
Llevados por la demagogia, será arrastrado el último bastión en defensa de la legalidad que Morena, el presidente y el Congreso han pisoteado cínicamente.
