En la tercera audiencia del juicio del caso Cócteles, el fiscal José Domingo Pérez reiteró ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado su pedido de 30 años y 10 meses de prisión efectiva para Keiko Fujimori y la cúpula de la presunta organización ilícita infiltrada en el partido político Fuerza Popular.
Pérez explicó que esa es la condena que corresponde a las sumatorias de las penas correspondientes a los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración con falsedad genérica.
que todo no tendrá que ver con las pruebas y los argumentos jurídicos y que los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa deberán ser muy estrictos con todas las partes, para que el juicio avance.
A primera hora, el fiscal José Domingo Pérez presentó un escrito al Juzgado en el que solicitó que se llame la atención a los abogados Giulliana Loza y Humberto por supuestos "" que habrían realizado en su contra durante la audiencia del 2 de julio último, faltando , dijo, el respeto al tribunal.
Loza rechazó la denuncia del fiscal. Posteriormente ante la prensa declaró: Les agradecería que vean el video. La señal es porque estábamos haciendo uno, dos, tres” sobre el tiempo que durarían nuestros alegatos. “Le pediría al señor Pérez que deje de lado el show político. Vamos tres días de audiencia y no hay avances”.
El abogado Humberto Abanto no participó en está audiencia. Luego de escucharlos,.
De otro lado, mientras el fiscal exponía su acusación, se difundió una resolución de la Autoridad Nacional de Control que reactiva una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal superior del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, en una denuncia presentada por el exmagistrado del Tribunal Constitución, José Luis Sardón.
En enero de 2020, Sardón denunció a los fiscales por la filtración a la prensa de la declaración testimonial que dio en el caso Cócteles, el 19 de diciembre de 2019, sobre las actividades de la ONG Reflexión y un presunto aporte económico a Fuerza Popular.
En la mencionada resolución, la Autoridad de Control del Ministerio Público rechazó la solicitud de pruebas documentales y testimoniales que Pérez y Vela habían pedido que se realicen como parte de sus descargos. La Autoridad de Control consideró que se trataban de temas del caso Cócteles que no tenían relación con el proceso disciplinario y otras que ya habían sido obtenidas directamente.
. Esta sanción alejaría al fiscal Pérez del juicio público caso Cócteles. "Mientras no nos suspendan, continuaré a cargo del caso", declaró Pérez a La República.
Posteriormente, luego de concluida la audiencia pública,. La agresión alcanzó a varios periodistas.
Esta es la segunda agresión que se registra en Lima contra un abogado al concluir una actuación judicial. Antes, fue agredido el abogado Humberto Abanto al salir de una diligencia, en la fiscalía. Loza denunció los hechos ante la policía.
luego que, dijo, recibió amenazas contra su persona. Es necesario que la policía y la fiscalía investiguen estos eventos para, prevención, evitar actos mayores que lamentar.
La tercer audiencia comenzó a la hora prevista, 9:00 de la mañana, pero no se pudo completar lo que estaba previsto, de tal manera que los alegatos de los abogados defensores recién comenzarán el próximo lunes, 15 de julio, de manera presencial.
, luego que no asistieron a la instalación del juicio público, el último 1° de julio. El Juzgado les levantó la declaración de reos contumaz.
En tanto, Luis Barboza Dávila, exfuncionario de ONPE con actual domicilio en Pamplona, España, continuará bajo observación de los jueces, hasta que se establezca con mayor certeza su actual estado de salud. Si su Estado no es grave debería regresar al país o se le considerará reo contumaz.
. El colegiado decidió citar a los médicos legistas para la audiencia del 22 de julio, a fin de que expliquen en detalle lo que han encontrado. Luego, los jueces tomaran una decisión.
Otros seis acusados sometidos a proceso especial fueron excluidos del juicio. El juzgamiento continuará contra 40 personas naturales y las sociedades Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces.
El fiscal José Domingo Pérez acusó a Keiko Fujimori de dirigir y ser la principal beneficiaria de la organización criminal y de los actos ilícitos cometidos por esta, por lo que solicitó para ella penas de 15 años y 5 meses por delito de organización criminal, 11 años y 4 meses por el delito de lavado de activos, 6 años y 6 meses por obstrucción a la justicia, en concurso real de delitos. Además, 2 años y seis meses por el delito de falsa declaración.
La fiscalía considera sumar las penas por los tres primeros delitos antes mencionados, para ejercer función pública, si al final del juicio es encontrada culpable. La cuarta pena no se suma, sino que queda incluida en la condena total.
A continuación José Domingo Pérez explicó los delitos que habrían cometido cada uno de los integrantes de la cúpula de la presunta organización. Para todos ellos pidió la misma pena de 30 años y 10 meses por los tres delitos principales. Vicente Silva Checa y Pier Figari, dijo, se encargaban de coordinar y ordenar a la representación de Fuerza Popular en el parlamento para utilizar al Poder Legislativo a favor de sus intereses particulares, también coordinan con otras fuerzas políticas, económicas y organizaciones criminales y, además, se encarga de la captación y custodia de los fondos ilícitos.
El fiscal subrayo que los fondos entregados por Odebrecht provienen de actos de corrupción, mientras que, sin aparecer en las cuentas oficiales.
Pérez subrayó que al ser dinero que tenía un origen ilícito, la organización criminal tuvo que recurrir al pitufeo para introducirlo al sistema financiero legal y evitar que se conozca su procedencia. De estas actividades se encargaban Jaime Yoshiyama, Ana Herz Garfías, Jaime Yochiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Adriana Tarazona.
En tanto, para Mark Vito Villanela solicitó una pena de 20 años de prisión y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos público, como integrante de la organización, por captar y convertir fondos ilícitos provenientes del grupo Rassmuss y por instrumentaliza a la empresa MVV Bienes Raíces para el lavado de activos, hechos sucedidos entre el 2014 al 2018.
El fiscal José Domingo Pérez no pudo concluir sus resumir su acusación y recién lo hará hoy, miércoles 10 de julio. De esta manera, los alegatos de defensa de los abogados defensores de postergaron hasta el lunes, 15 de julio. Los jueces explicaron que no podían realizar audiencias por las tardes por tener que atender otros casos.
. El lunes 15 también intervendrán los abogados Humberto Abanto y Percy García, de manera presencial y con participación de sus clientes. Las siguientes audiencias solo serán virtuales.
