Tres nuevas Indicaciones Geográficas (IG) se han sumado a la lista de productos tradicionales que gozan de esta clase de extraordinaria protección prevista en nuestra ley desde el 2018. A diferencia de las Denominaciones de Origen, con las que comparten categoría, las IG no precisan de insumos endémicos y métodos tradicionales de manufactura para su protección, sino que basta con que uno de estos elementos se acredite y que el producto tome el nombre del lugar donde se elabora.
Dos de las nuevas IG corresponden al estado de Michoacán, las “Catrinas de Capula” y el “Cobre Martillado de Santa Clara del Cobre”; la tercera pertenece a Jalisco, con su afamada “Cajeta de Sayula”. El beneficio inmediato que se obtiene a favor de los productores de la región contemplada como protegida, es la utilización en forma exclusiva de la IG, previa autorización de uso expedida por el IMPI. La segunda gran ventaja asociada a la declaración de protección es la definición de los productos, las materias primas y los métodos de elaboración que se deben observar en la manufactura, lo que estandariza la calidad y garantiza a los consumidores todo aquello que implica “el origen” de un producto de estas características.
En el caso de la “Cajeta de Sayula”, estamos en presencia de un dulce de leche de vaca y vainilla, de tradición centenaria, al que se dedican de forma exclusiva numerosos artesanos en el pueblo mágico de Sayula. En el caso de “Santa Clara del Cobre”, los productos deben provenir del municipio de Salvador Escalante y ser elaborados con las técnicas del llamado “martillado triangular”, en forma de caracol o en línea. Finalmente, para las denominadas “Catrinas de Capula”, el decreto incluye bajo la IG las formas que corresponden a las catrinas tradicionales con vestido, sombrero y flores, los indígenas purépechas, panaderos, cargadores de leña, músicos, escritores, cocineras tradicionales, tortilleras y vendedoras de corundas.
La publicación de los decretos de protección de estas nuevas IG sin duda son buenas noticias, considerando la baja utilización que la figura ha merecido desde su inclusión en nuestra ley de propiedad industrial. Aun y cuando nuestro país cuenta con un enorme acervo de este tipo de productos, merecedores de reconocimiento a su tradición, calidad y permanencia, los que han cursado la gestión legal necesaria para su tutela normativa son contados. Es claro que el estado de Michoacán está marcando el paso en este rubro, impulsando diversas iniciativas para proteger el origen de sus productos a través de los múltiples mecanismos que la ley otorga. Esa ruta, sin duda, tendría que ser emulada por otras entidades igualmente ricas en gastronomía, bebidas, artesanías y textiles.
A la luz de estos decretos, debemos recordar que la declaratoria de protección de una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen, es solo un primer paso en el largo camino que las comunidades de productores deben seguir para consolidar la producción y venta de sus expresiones culturales en un mercado altamente competido, pero deseoso de productos ricos en origen. Toca al gobierno federal apoyar con fondos y directrices en materia turística y económica, y a los consumidores votar cada día, con su compra, a favor de nuestros productos tradicionales.
